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El Consejo de Estado admitió el estudio de una demanda que pidió anular la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA por presuntas inconsistencias en el proceso de selección.
Inicialmente, el Consejo de Estado negó la demanda considerando que el asunto no era de su competencia. Sin embargo, el alto tribunal revirtió la decisión y admitió la demanda de nulidad electoral de Carrillo, la cual fue interpuesta por el diputado de Antioquia, Luis Peláez.
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"No hay duda que la empresa es una entidad pública del orden nacional, con lo que se adecuaría a uno de los elementos que trae consigo la norma contemplada en el artículo 149.5 del Código Procesal Contencioso Administrativo", explicó el tribunal.
Luis Peláez publicó en sus redes sociales un mensaje en el recuerda que su denuncia tuvo un proceso investigativo en el que su equipo de trabajo se tomó más de un mes.
"Ha sido un paso a paso, primero empezamos a revisar cada una de las experiencias, escribimos incluso un artículo de cuatro páginas, empezamos a revisar cámaras de comercio de diferentes partes, la hoja de vida de Jorge Andrés Carrillo. Ha sido una investigación exhaustiva", destacó Peláez.
Recientemente el Consejo de Estado emitió un auto que solicita a la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), para presente las actas correspondientes a la reunión en la que se eligió a Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía.
En el documento se establece que se requiere al presidente de la Junta Directiva que remita una copia del acta de la reunión donde se concretó esta designación, junto con los documentos que la respaldan y deberán incluir la constancia de la publicación del acto, de ser pertinente, informando si este trámite no se ha llevado a cabo.
Mientras inicia este proceso, aún se está a la espera de la decisión del mismo tribunal frente a la información requerida a ISA sobre las actas y documentación que avalaron el proceso de selección de Carrillo.
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Hasta el momento, la compañía se ha abstenido de entregarla, argumentando la violación del derecho a la intimidad tras la publicación de datos sensibles.
