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La historia comienza así: En 2014 el consejo de Armenia, por solicitud de la entonces alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, decidió votar y aprobar un impuesto de valorización a los ciudadanos de esa ciudad que recaudaría cerca de $ 90.000 millones para obras de infraestructura de la ciudad. El año siguiente habían elecciones locales y el consejo rápidamente aprobó el cobro de los nuevos impuestos a los ciudadanos.
Pero de los $ 90.000 millones hubo por lo menos $ 22.000 millones que no terminaron en las obras que la ciudad esperaba, sino en los bolsillos de privados y funcionarios que ya fueron condenados. La exalcaldesa Luz Piedad Valencia terminó su administración y las elecciones del 2015 las ganó el candidato del partido Liberal, Carlos Mario Álvarez. Valencia Franco fue condenada el 22 de agosto de este año a 6 meses de prisión y a una multa de 50 mil salarios mínimos por su participación en los delitos y Álvarez se encuentra a espera de una condena por el mismo escándalo. Este último no pudo terminar su periodo como alcalde.
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Luz Piedad Valencia, según lo que han arrojado las investigaciones de la Fiscalía, no actuó sola. Lo hizo junto a su esposo, Francisco Valencia Salazar, que también fue condenado este año a 12 años de cárcel por haberse adueñado de recursos públicos y recibir sobornos de contratistas por los que tenía que abogar para que los contratos fueran direccionados.
En resumen, el esposo de la exalcaldesa acordó con los contratistas un porcentaje de los contratos y la promesa de que ellos ganarían las licitaciones. Algo muy similar al modus operandi de Odebrecht. El 07 de abril de 2018 cuando se conocieron las primeras capturas, el entonces fiscal Nestor Humberto Martínez dijo que la Fiscalía investigaba si parte del destino de esos recursos había terminado en campañas políticas.
“La investigación continúa. Los fiscales de conocimiento avanzan en la determinación si una porción total o parcial de estos recursos fueron destinados al financiamiento de campañas políticas, sobre lo cual quiero advertirle a la sociedad de Armenia, obran ya indicios en la investigación”, dijo Martínez.
Esta emisora tiene documentos que prueban que el señor Francisco Valencia, exesposo de la alcaldesa Luz Piedad Valencia, y quien se encuentra en la cárcel por peculado, concierto para delinquir y otros delitos, le habría hecho un préstamo por 500 millones de pesos a través de tres pagarés a Luciano Grisales Londoño, actual representante a la Cámara por el partido Liberal en representación del departamento del Quindío. Ese préstamo, según dijeron fuentes a La FM, habría sido para su primera campaña al congreso en el 2014.
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Se trata de un movimiento el 02 de marzo de 2014 con tres pagarés, uno por 300 millones de pesos, otro por 150 millones, y otro más por 50 millones de pesos siete días antes de las elecciones parlamentarias que se realizaron el 09 de marzo de ese año. El acuerdo señalaba que los 500 millones de pesos debían ser pagados el 05 de abril de 2017, pero ese pago nunca llegó por lo que este año fue presentada la denuncia que está por resolverse en un juzgado civil.
Esta es la segunda vez que el congresista Luciano Grisales es elegido representante a la Cámara. La FM revisó sus registros de donaciones y préstamos para la campaña del 2014 ante el Consejo Nacional Electoral, y solo aparecen registros de préstamos por un total de 70 millones de pesos. No aparece por ninguna parte el nombre de Francisco Valencia, ni la suma de 500 millones de pesos.
¿Qué respondió el congresista?
La FM buscó al representante para consultar su versión.
“En la campaña al congreso del 2014, siendo yo candidato a la Cámara, todo el grupo de la doctora Piedad me dio su apoyo y el ingeniero participó como parte del grupo. En las semanas previas al día de elecciones él me invita a su apartamento a dialogar sobre el proceso de campaña y estando allí es donde además, se dialoga sobre la firma de esos documentos, se explica que tienen como finalidad demostrativo de fidelidad y compromiso futuro con el grupo político, pero nunca se hizo entrega, nunca hubo desembolso de ningún dinero, era la preocupación de él por malas experiencias, según entendí, con otros candidatos que en el pasado después de ser respaldados y ayudados por el grupo, daban la espalda. La verdad todo surgió en el marco de las buenas relaciones, en el marco de la confianza que tenía con ellos, y tal vez de la buena fe, entendiendo además, como él me lo explica, que eso era frecuente, era usual, en realidad nunca me había pasado, pero delante de esa confianza que se había demostrado no hubo lío”.
Sin embargo, fuentes implicadas en el proceso insistieron a esta emisora que la entrega del dinero sí se produjo y en efectivo.
También consultamos al Partido Liberal, de donde no enviaron ninguna respuesta. El juez del caso tiene en su poder los documentos del pagaré en original y deberá resolver en los próximos meses si el congresista debe pagar o no el préstamo. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no tiene abierta ninguna investigación a Grisales Londoño.
