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El Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional, detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción.
Según el informe, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (96 % y 94 %, respectivamente).
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El 57 % de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre los jóvenes, es decir entre 18 y 35 años (66 %).
Para Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado. Nos encontramos en un momento clave, donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”.
Percepción de corrupción en las instituciones
La encuesta señala que los miembros del Congreso (64 %), el presidente, funcionarios cercanos (55 %), y los empleados públicos (48 %) son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia.
El informe evidencia la preocupación por el aumento de percepción de corrupción en los jueces y magistrados con el 47 % (10 % más con respecto a 2017) y de la Policía con el 42 % (41 % en 2017).
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“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un 'negocio que paga'. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales, han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”, agregó Hernández.
Elecciones y compra de votos
Igualmente, el informe detalla que para el 40 % de los encuestados durante los últimos cinco años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos específicos, en una elección nacional, regional o local.
"Esta cifra resulta alarmante en el contexto colombiano, dado que nos encontramos ad portas de las elecciones territoriales y que la compra de votos es uno de delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas", detalló el informe.
