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El Gobierno de Colombia expresó a Ecuador "su más enérgica protesta" por comenzar unilateralmente la deportación de colombianos presos en cárceles de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según un comunicado de la Cancillería colombiana, el "Gobierno del Ecuador, de manera unilateral, ha dado inicio hoy al proceso de deportación de nacionales colombianos que se había anunciado días atrás".
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"Lo anterior, desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas", puntualizó la información.
Igualmente, Colombia lamentó que las "autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas".
Por todo lo anterior, el Gobierno colombiano dijo que, "haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país".
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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció en febrero de 2024 medidas para deportar presos extranjeros, con énfasis en reos colombianos, una estrategia orientada a mitigar la sobrepoblación penitenciaria ante la crisis en la seguridad de ese país.
Más adelante, Noboa le propuso a Colombia que se hiciera cargo de unos 1.500 colombianos presos en cárceles ecuatorianas.
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El Gobierno colombiano no mencionó ninguna cifra, aunque medios locales indicaron que en las próximas semanas los presos deportados serán alrededor de 800.
Entre los deportados hay condenados por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro, hurto, entre otros delitos, y que no han cumplido el 50 % de las penas impuestas por la justicia ecuatoriana.
