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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía General de la Nación que le envíe el expediente del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de la Hacienda Guacharacas.
Se trata de una investigación por la presunta conformación de grupos paramilitares que, en criterio de los representantes investigadores, debe ser conocimiento del Congreso por cuanto los hechos se habrían presentado cuando Uribe era presidente de la República.
En la misiva, firmada por Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Acusación, señala: “Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de ÁLVARO URIBE VÉLEZ en el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización, argumentándose que ÁLVARO URIBE VÉLEZ ejerció como Presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO el año 2003”.
La Comisión advierte que según la Constitución nacional, el juez natural de los expresidentes de la República es el Congreso y por eso el proceso debe adelantarse en esa corporación.
“Atendiendo al carácter permanente del CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que ÁLVARO URIBE VÉLEZ fungió como Presidente de la República”, afirma.
El tema ya fue analizado por el pleno de la Comisión que aprobó esta solicitud para pedir a la Fiscalía que remita el proceso contra Uribe.
En caso de no acceder a esta petición, se generaría el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara y sería la Corte Constitucional la que tendría la última palabra sobre este proceso que se le sigue a Álvaro Uribe.
“De no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que previa respuesta a esta comisión, se REMITA el expediente objeto de colisión de competencia a la SALA PLENA de la CORTE CONSTITUCIONAL con el fin de dirimir de plano la Colisión según lo normado en el artículo 95 de la ley 600 del 2000 y artículo 241 numeral 11 de la Constitución Política”, señala la carta.
