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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá este lunes 16 de septiembre a las 11:00 a.m. para discutir y votar la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes han solicitado formular un pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales en su campaña de 2022.
Los magistrados tratarán el caso en un ambiente marcado por la tensión, debido a los recientes ‘ataques’ del mandatario, quien ha calificado en varias ocasiones la investigación como “chambona”, argumentando que está impulsada por sus enemigos políticos y que busca consumar un “golpe de Estado”.
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Estas declaraciones han generado preocupación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que se teme un escenario similar al ocurrido en el Palacio de Justicia, cuando el presidente Gustavo Petro criticó a la Corte Suprema por no elegir al fiscal general de la Nación. En aquella ocasión, los magistrados fueron asediados en su lugar de trabajo.
Con ese antecedente en mente, la Mesa Directiva del CNE, presidida por la magistrada Maritza Martínez, consideró la posibilidad de trasladar la Sala Plena a una guarnición militar para garantizar la seguridad de los y las funcionarias. Sin embargo, según conoció La FM de RCN Radio, esta opción fue descartada, ya que consideran que las decisiones deben tomarse sin presiones externas, dentro del marco de la ley.
De esta manera, los magistrados se reunirán este lunes en la sede principal del tribunal para discutir la ponencia, que ha sido incluida como segundo punto del orden del día.
Aunque la ponencia podría someterse a votación en esta sesión, también existe la posibilidad de aplazarla para la próxima semana. Esto se debe a que la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien estuvo incapacitada, podría solicitar la rotación del expediente antes de la votación.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga diversas inconsistencias en la campaña de Gustavo Petro, relacionadas con el uso del avión que transportó al entonces candidato por varias regiones del país. Además, se analizan posibles irregularidades en el pago a testigos electorales y en los aportes de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), entre otros aspectos vinculados al financiamiento de la campaña.
