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El ministro de Transporte, William Camargo, fue citado a debate de control político por el futuro de la infraestructura en el Caribe colombiano.
La proposición la radicó el senador, Carlos Meisel, para quien hay una preocupación generalizada sobre esa región. La comparecencia responde, principalmente, a la terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Caribe y a una "preocupación" ante el cobro por valorización en la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena.
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En la proposición, el legislador asegura que las decisiones del Gobierno “se convierten en un obstáculo considerable para el desarrollo de la infraestructura, impactando negativamente sectores como el turístico, de logística, de comercio, y la conectividad de nuestra región".
Meisel resaltó que decisiones "de esta naturaleza podrían tener efectos negativos en la inversión en infraestructura, comprometiendo la competitividad", así como "el desarrollo económico y social de la región", matizó. El senador instó al Ministerio de Transporte para que evalúe a fondo las decisiones y las consecuencias que, a su juicio, conllevarían.
Al listado incluyó el impacto sobre 7.000 empleos que podrían generarse de Autopistas del Caribe y una pérdida en inversiones superior a los cuatro billones de pesos. Estos recursos abarcarían un corredor vial de 453 kilómetros.
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A finales de febrero, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) elevó su inquietud ante la posibilidad de que se frenara anticipadamente dicha concesión y responsabilizó tanto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, como a la alcaldesa del municipio de Turbaco, Claudia Espinosa.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha insistido en que no hay viabilidad financiera para continuar con el proyecto y advirtió que, a finales del año en curso, este pasará a "un déficit de $2.084 millones para el pago de las compensaciones".
