Castración química para violadores, de nuevo a debate en Congreso
El repudio social que generan los casos de abuso sexual contra menores de edad llevó a que en la Cámara se radicara de nuevo un proyecto con ese propósito.
Uno de los comportamientos más graves y que más reproche y repudio social genera es el abuso sexual que se comete contra menores de edad. A partir del caso de Yuliana Samboní, lamentable hecho cometido hace un año por Rafael Uribe Noguera, se abrió el debate sobre cuáles son los caminos a seguir en el país para evitar más sucesos de este tipo.
Al respecto, han surgido decenas de ideas encaminadas a evitar el acceso carnal y acto sexual contra los menores, teniendo como base que no se pueden permitir más casos que involucren a niños y niñas víctimas de acceso carnal violento.
En ese sentido, en la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley encaminado a incluir sanciones más severas para atender de manera efectiva esta problemática. Buscando alternativas se presentó una iniciativa que vuelve a traer a debate la posibilidad de establecer la castración química para los responsables de acceso carnal violento.
Este procedimiento consiste en la aplicación de inhibidores de deseo sexual mediante productos químicos con el objetivo de que tales medicamentos disminuyan los niveles de testosterona (hormona del deseo sexual) en el cuerpo humano.
En la justificación de la iniciativa se defiende que el aumento de los niveles de testosterona aumentaría la agresividad, hipótesis que surge a raíz de un estudio realizado en 1972 por los científicos Kreuz y Rose con 21 jóvenes delincuentes encarcelados.
El autor del proyecto, el representante Álvaro Hernán Prada defendió que el proyecto está encaminado a fijar que:
Si la conducta recae sobre menor de 14 años, una vez decretada la extinción de la pena de prisión, el sentenciado deberá someterse a tratamiento obligatorio de castración química, por el mismo término de la condena de prisión impuesta”.Una vez más entonces el país se verá abocado a discutir sobre la posibilidad de emplear medicamentos destinados a reducir la libido y anular así la actividad sexual para impedir que los violadores, pedófilos y otros delincuentes sexuales reincidan.
La discusión de la iniciativa iniciará en la próxima legislatura que arranca en marzo de 2018.