Canciller señala que todavía hay "algunas dudas" por aclarar con EE.UU. sobre Pegasus

Según indicó el canciller Luis Gilberto Murillo, Estados Unidos asumió una responsabilidad en la compra de Pegasus.
Luis Gilberto Murillo
Colombia precisa que, de lo contrario, también exigirá el requisito. El canciller se reunió con el presidente tras de conocerse la decisión. Crédito: Colprensa

El ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, explicó este lunes que el Gobierno tiene todavía "algunas dudas" que querría aclarar con Estados Unidos sobre su actuación para la compra del programa Pegasus, sobre el que hay sospechas de que pudo ser utilizado para espionaje político.

En declaraciones a EFE en la capital francesa, donde participó en el Foro de París por la Paz, Murillo señaló que "Estados Unidos ha asumido una responsabilidad" por la supuesta financiación de la compra de ese programa desarrollado por la compañía israelí NSO que permite, entre otras cosas, extraer informaciones de los móviles y utilizarlos para escuchar conversaciones.

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El ministro estimó que ese asunto no se trató de forma transparente por parte del anterior Gobierno colombiano y es algo que preocupa a la Cancillería por las implicaciones para la soberanía nacional y "por la misma buena relación que tenemos con Estados Unidos".

Añadió que dada "la cooperación tan profunda" entre los dos países en asuntos como la seguridad o la lucha contra el crimen transnacional, les sorprendió haberse enterado de la implicación de Estados Unidos y por eso quieren "aclararlo, para que no vuelva a suceder.

El ministro dijo que eso se está haciendo "a través de los canales diplomáticos. Todavía tenemos algunas dudas que nos gustaría aclarar completamente".

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La polémica en Colombia se reavivó la semana pasada cuando el diario El Tiempo, con fuentes del Gobierno estadounidense, reveló que Washington había financiado la adquisición de Pegasus como parte de su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

La adquisición del software ha estado en el centro de la atención política desde que el presidente colombiano, Gustavo Petro, contó que su predecesor, Iván Duque, lo compró en 2021, presuntamente para espiar a opositores durante las protestas sociales.


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