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Camilo Gómez, alto comisionado para la paz en el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana, cuestionó la designación de Salvatore Mancuso como ‘gestor de paz’ por parte del presidente, Gustavo Petro.
Según el abogado este nombramiento va en contra de la ley 975 de 2005 en su artículo 11 que establece las condiciones que deben cumplir los gestores de paz, las cuales ya no cobijarían a Mancuso, pues toda la información debió entregarla a la justicia transicional que lo acogió después de los acuerdos de ralito.
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“Mancuso debió contar toda la verdad, todos los datos posibles y existentes además de reparar a las víctimas. Si viene a hacerlo ahora en virtud de ser está figura de gestor de paz estaría incumpliendo esa ley y perdería todos los beneficios. Acaso que es el negocio que está tramándose alrededor de poner a quien se le dieron ya beneficios en un proceso que hace rato terminó”, dijo Gómez.
El excomisionado agregó que “el Gobierno Petro se está extralimitando y está abusando de lo que es la norma para nombrar a un gestor de paz. Con Salvatore Mancuso lo único que hay es el cumplimiento de las sentencias por la que ha sido condenado, él está cumpliendo una sentencia en los Estados Unidos como va a ejercer desde allá su función de gestor de paz”.
En ese sentido, cuestionó el interés del mandatario en este caso yendo incluso “en contra de sus propias convicciones”
“Yo no sé qué es lo que busca Petro, qué clase de acuerdo debió haber hecho. Es como si buscara pararse en los hombros del diablo para alcanzar la paz, sería muy interesante saber qué es lo que quiere el presidente nombrando a Salvatore Mancuso en estas condiciones. Uno no se hubiese imaginado nunca ver a Petro y a Mancuso juntos tramando algo.”, indicó.
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Gómez también criticó la política del ‘paz total’ del actual Gobierno que a su juicio es “bien esquiva” por los hechos de violencia ocurridos en los últimos meses en varias regiones del país.
“Cuando uno ve la política de paz total lo único que encuentra son bandazos, de un lado para el otro sin saber una posición clara del Gobierno, ni una meta clara en la política que ha planteado el presidente”, dijo.
Argumentó que prueba de ello es “el aumento de las masacres, de los asesinatos de líderes sociales, de los atentados contra la fuerza pública y la reaparición de toda clase de grupos armados ilegales en distintas zonas del país”.
