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Tras concluir la existencia de dos patrones macrocriminales sistemáticos en Bogotá entre 1985 y 1993, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas cuando integraban unidades de inteligencia militar que posteriormente estructuraron la Brigada XX.
Al determinar que en el primer patrón se inscribieron 14 hechos con 18 víctimas, y en el segundo determinó la ocurrencia de 13 hechos con 15 víctimas.
Crímenes contra UP
La determinación procedimental fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en el marco del Caso 06, que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y del Caso 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares durante el conflicto armado. En su análisis, la magistratura determinó que estas estructuras ejecutaron de forma continuada ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones contra militantes de la UP y miembros de las guerrillas del M-19, EPL y Farc-EP.
De manera paralela, la JEP resolvió remitir el expediente del general en retiro Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), al considerar que tuvo una participación determinante en el diseño y ejecución de ambos patrones criminales y tras constatar su negativa a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva ante la Sala de Reconocimiento.
15 días para notificar
Los ocho comparecientes vinculados disponen de un término de 15 días hábiles para notificar a la JEP si aceptan su responsabilidad e imputaciones o si, por el contrario, controvierten los hallazgos de la investigación. Asimismo, la Sala les ordenó entregar en ese mismo plazo información concreta y un plan detallado dirigido a aportar a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas víctimas de desaparición forzada. De presentarse la aceptación de cargos, la causa avanzará hacia la expedición de una Resolución de Conclusiones con sanciones propias de carácter restaurativo; en caso negativo, los implicados pasarán a un juicio adversarial ante la UIA en el que podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
Puntos clave sobre la imputación de la JEP a la Brigada XX
- Patrones macrocriminales en Bogotá (1985-1993)
La Sala de Reconocimiento determinó que unidades de inteligencia del Ejército cometieron sistemáticamente asesinatos, torturas y desapariciones forzadas contra la Unión Patriótica, el M-19, el EPL y las Farc-EP.
- Remisión del general (r) Iván Ramírez a la UIA
Al rehusarse a aportar verdad plena sobre su rol determinante en las operaciones de inteligencia militar, el alto oficial retirado enfrentará el trámite adversarial acusatorio.
- Plazo procesal de 15 días hábiles
Los ocho comparecientes deberán decidir si reconocen responsabilidad y presentan un plan de búsqueda de desaparecidos o si van a juicio sancionatorio de hasta 20 años de cárcel.
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Qué se entiende por patrones macrocriminales sistemáticos identificados por la JEP en Bogotá entre 1985 y 1993?
Son conjuntos de crímenes cometidos de manera continuada y organizada por estructuras de inteligencia militar. Estos incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones contra integrantes de la Unión Patriótica y miembros de las guerrillas M-19, EPL y Farc-EP.
¿Por qué la JEP decidió remitir el caso del general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)?
Porque la JEP consideró que tuvo una participación determinante en el diseño y ejecución de los patrones criminales investigados y constató que se negó a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad.
¿Qué deben hacer los ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional dentro del plazo de 15 días hábiles?
Deben informar si aceptan o controvierten las imputaciones realizadas por la JEP. Además, deben presentar información concreta y un plan detallado para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.
¿Qué consecuencias judiciales podrían enfrentar los comparecientes si aceptan o rechazan su responsabilidad?
Si aceptan su responsabilidad, el proceso avanzará hacia una Resolución de Conclusiones que contempla sanciones propias de carácter restaurativo. Si rechazan las imputaciones, deberán enfrentar un juicio adversarial ante la UIA, en el que podrían recibir condenas de hasta 20 años de prisión.
