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La iniciativa es del representante uribista Edward Rodríguez, quien señaló que será una herramienta contundente en la lucha contra la corrupción.
“El candidato y el gerente de la campaña podrían incurrir en una pena de 4 a 8 años de prisión, si violan los topes electorales y si aceptan recursos ilegales en las campañas políticas, eso es una lucha frontal contra la corrupción electoral”, manifestó.
La ley también plantea que la violación a los topes electorales y la financiación ilegal, que siempre ha sido tan solo una infracción administrativa, se convierta en un delito sancionado severamente en el país.
El proyecto de ley pasará a estudio en último debate y si es aprobado, será el marco jurídico para la realización de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018, según explicó el senador Alfredo Rangel.
