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El senador Iván Cepeda y el exconstituyente Álvaro Leyva radicaron, el martes anterior, una nueva acción de tutela contra el presidente de la República, Iván Duque, por no depositar ante las Naciones Unidas y los países garantes los acuerdos a los que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como por, según los accionantes, su renuencia a implementar los aspectos humanitarios de dichos avances.
Según Leyva y Cepeda, la tutela obedece a que dichas decisiones del presidente Duque ponen en riesgo el derecho a la paz, como garantía efectiva a sus derechos civiles y políticos. “En nuestra calidad de defensores de la paz y los derechos humanos, y como facilitadores que fuimos del proceso de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, somos titulares del derecho subjetivo a la paz, por lo que nos asiste un interés directo y particular para solicitar su amparo”, dicen Cepeda y Álvaro Leyva en el documento.
En mayo anterior, después de casi cuatro meses de insistirle al gobierno nacional sobre el tema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Presidencia responder al derecho de petición cuyo propósito era rescatar los avances de dicha mesa de diálogo.
En esencia, la petición pretendía proteger la agenda de seis puntos que delimita los temas de discusión y dos preacuerdos para desescalar el conflicto, que las partes alcanzaron en junio de 2017. El primero de ellos es el “Acuerdo humanitario Ya para el Chocó” en el que se venía trabajando junto con las comunidades más afectadas del departamento. El otro es un plan de desminado humanitario que tanto el Gobierno como el ELN habían decidido implementar en Nariño.
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Según Leyva y Cepeda, el tema es crucial porque “es imperativo que se respete- lo acordado- por el Estado colombiano, para que ante posibles conversaciones que pudieran darse en un próximo futuro , al reanudarse estas, sea teniendo en cuenta lo ya pactado”.
El presidente Duque, por intermedio de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, respondió al fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando, entre otras razones, que a su juicio no eran procedentes las solicitudes de Leyva y Cepeda.
“Las decisiones que corresponda adoptar, incluidas las solicitudes formuladas por ustedes, son del resorte del presidente de la República, quien las tomará de forma libre y autónoma según los criterios políticos que correspondan, actuando dentro del marco de la Constitución Política y la ley. Tales diálogos, a su vez, son actos de naturaleza política que adelanta el presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y los mismos no tienen la virtualidad de generar acuerdos con fuerza normativa ni vinculante alguna”, señaló.
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Así, el Gobierno negó la solicitud de los exfacilitadores, aduciendo que se trata de acuerdos parciales que obedecen a una política de gobierno, no de Estado y, por lo tanto, no procedía su ejecución.
Ante estas circunstancias, Álvaro Leyva e Iván Cepeda anunciaron que insistirán para que el presidente Iván Duque garantice el derecho a la paz contenido en el artículo 22 de la Constitución y conduzca sus acciones al restablecimiento de la confianza del conjunto de la sociedad. En diálogo con LA FM, el senador Iván Cepeda explicó los alcances de su acción.
