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En el Congreso de la República no cayó muy bien que la Jurisdicción Especial para la Paz haya decidido suspender la extradición de Jesús Santrich, hasta tanto se practiquen las pruebas que determinen si el desmovilizado incurrió en narcotráfico después de la firma de la paz.
Los congresistas expresaron que pudo haber una extralimitación de funciones por parte de la JEP, al tomar decisiones de esta naturaleza sin tener un código de procedimiento aprobado por el Congreso.
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El representante Hernán Penagos (Partido de La U), ponente de la ley de procedimiento, aseguró que es totalmente ilegítimo que se suspenda una extradición argumentando reglas internas hechas por los mismos magistrados.
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“Es una decisión que se da sin competencia, a la JEP no se le han otorgado facultades para ordenar la suspensión de un trámite de extradición y mucho menos tomar este tipo de decisiones cuando la ley de procedimiento no le ha entregado facultades en ese sentido”, indicó.
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El senador Hernán Andrade (Partido Conservador) dijo que la JEP debe limitarse a definir la fecha de la comisión de los delitos.
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“Lo único que ellos pueden hacer es corroborar que el delito fue cometido después de la firma del acuerdo, nada de lo que haga la JEP puede servir de esguince para cumplir con el mandato constitucional que establece que cualquier persona que delinca después de firmar el acuerdo de paz, debe irse en extradición”, manifestó.
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El senador Alfredo Rangel (Centro Democrático) asegura que esta es una decisión completamente violatoria de la Constitución Nacional.
“La JEP ha actuado de manera totalmente arbitraria aún antes de que el Congreso reglamente los procedimientos de la JEP. Es una medida de favorecimiento al terrorismo y al narcotráfico”, indicó.
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Sin embargo, otros indican que la suspensión de la extradición de Jesús Santrich, es una medida en favor del derecho a la verdad que tienen las víctimas.
El senador Roy Barreras (Partido de La U) afirmó que “para ello existe en la Constitución la garantía de no extradición privilegiando el derecho de las víctimas y esto no significa impunidad, porque si el señor Santrich cometió un delito y se le comprueba después de la firma del acuerdo, el señor debe ser castigado, enviado a la cárcel y extraditado”.
Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara avanzan en la discusión de la ley de procedimiento de la JEP.
La ponencia de la iniciativa modificó sustancialmente un artículo, que había sido considerado como un mico para favorecer a Santrich, porque buscaba entregarse la posibilidad a los magistrados de decretar un amplio acervo probatorio en los procesos de extradición.
