Ajustar la ley que crea las 16 curules de paz: la petición de la Defensoría del Pueblo

La Corte Constitucional, sin embargo, tiene que resolver impedimentos y recusaciones contra sus integrantes.
Congreso de la República
A una nueva denuncia en marcha por los cambios a la Ley de Garantías. Crédito: Colprensa

La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional que haga un cambio en las reglas de juego para las elecciones que se celebraran el próximo año al Congreso de la República, en las que se escogería a los representantes de las 16 curules de paz para las víctimas.

Actualmente el Acto Legislativo que crea las 16 curules en la Cámara de Representantes señala que sólo podrán votar los habitantes de las zonas rurales de 16 territorios específicos y no los de las cabeceras municipales.

La modificación que pide la Defensoría es que sólo se excluyan de la participación en la elección de las curules especiales transitorias de paz las áreas urbanas de aquellos municipios que superen los 50.000 habitantes.

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Para la Defensoría, esa medida de prohibición en la votación que creo incorporó el gobierno del presidente Iván Duque “no tiene justificación".

"La exclusión de los habitantes de las zonas urbanas de aquellos municipios con poblaciones pequeñas comporta una restricción desproporcionada del ejercicio de los derechos políticos de dichas personas”, se lee en el concepto que envió la Defensoría a la Corte Constitucional.

Más adelante, el documento sostiene que esa medida “comportaría un trato diferenciado e injustificado respecto de ciudadanos que cuentan con condiciones similares, lo que, a su vez, implicaría el desconocimiento del principio constitucional de igualdad”.

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El concepto de la Defensoría se envió en medio del estudio constitucional que hace la Corte al Acto Legislativo 02 que crea las 16 curules de paz en el Congreso.

La Corte, además de revisar ese concepto, tiene que pronunciarse sobre un impedimento que presentó la procuradora Margarita Cabello Blanco para participar de la discusión y de una recusación contra sus magistrados que presentó la senadora María Fernanda Cabal.


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