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El debate sobre el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas tomó fuerza por los límites de la autonomía universitaria y la actuación de las autoridades cuando dentro de los campus se presentan hechos de violencia o delitos. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, y Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, expusieron sus posiciones en La FM sobre la manera en que deberían actuar las autoridades.
Acero señaló que las universidades no pueden considerarse territorios ajenos a las autoridades de seguridad y justicia cuando ocurre un delito. Sin embargo, explicó que una eventual intervención debe estar determinada por protocolos claros que establezcan en qué momento y bajo qué circunstancias puede producirse el ingreso de la Policía.
“No existe ningún territorio vedado para ninguna autoridad del Estado”, afirmó Acero durante la entrevista, al explicar que las autoridades tienen la posibilidad de intervenir cuando se presenta un delito en cualquier lugar del territorio nacional.
El exsecretario recordó que durante los años en los que estuvo al frente de los temas de seguridad en Bogotá tuvo que atender diferentes situaciones relacionadas con la Universidad Nacional. Entre ellas mencionó el asesinato de Jesús Antonio Bejarano, docente y consejero de paz, así como acciones relacionadas con posibles atentados contra la Embajada de Estados Unidos desde el campus universitario.
Según Acero, en esas situaciones hubo intervenciones de las autoridades, pero “no fueron la regla”. Por esta razón, planteó que uno de los puntos centrales de la discusión actual es determinar con precisión en qué momento debe ingresar la fuerza pública a una institución educativa.
¿Cuándo debería ingresar la Policía a las universidades públicas?
Para Hugo Acero, la respuesta debe partir de una revisión de los protocolos de intervención. El exsecretario sostuvo que no todos los escenarios de protesta requieren el mismo tipo de respuesta y que las autoridades deben establecer las condiciones que justifiquen su ingreso.
Durante la entrevista, explicó que existen mecanismos diferentes para enfrentar situaciones que ocurren durante las manifestaciones. En su concepto, frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades pueden actuar, pero es necesario determinar previamente cómo debe desarrollarse esa intervención.
Acero también puso sobre la mesa la importancia de utilizar herramientas de inteligencia e investigación criminal para identificar a las personas que participan en hechos de violencia. Según explicó, estos procedimientos pueden realizarse en coordinación con las universidades y permitir que las autoridades conozcan quiénes están detrás de determinadas acciones.
El exsecretario recordó que en una experiencia anterior, durante la segunda rectoría de Marco Palacios en la Universidad Nacional, se trabajó en un plan de seguridad que contemplaba la instalación de cámaras en las entradas y perímetros de la institución.
De acuerdo con Acero, estos sistemas permitirían identificar a quienes participan en actos violentos y también contribuirían a prevenirlos. Para el exsecretario, este tipo de medidas deben desarrollarse de manera coordinada entre las administraciones universitarias y las autoridades.
En ese sentido, planteó que la seguridad de las universidades públicas requiere un trabajo conjunto entre las administraciones locales, las instituciones educativas, la Policía y el Gobierno nacional.
¿Qué dijo Hugo Acero sobre inteligencia y derechos humanos?
Acero insistió en que las labores de inteligencia e investigación criminal pueden ser utilizadas para evitar que las autoridades tengan que ingresar de manera inmediata a los campus cuando se presentan situaciones que requieren seguimiento.
Durante la entrevista, fue consultado sobre la posibilidad de que grupos del ELN se reúnan en espacios de la Universidad Nacional. Frente a la propuesta de una intervención directa, respondió que primero se necesitaría confirmar la identidad de las personas y establecer las condiciones para una eventual captura.
“Tendrían que confirmar que son del ELN y tendrían que capturarlos en flagrancia”, explicó Acero al referirse a una posible actuación de la Policía frente a integrantes de una estructura armada.
Por eso, sostuvo que las autoridades deben desarrollar previamente labores de inteligencia y seguimiento. Según señaló, la Policía puede trabajar con la Fiscalía en estas acciones para identificar a las personas involucradas y determinar cuándo es necesario intervenir.
El exsecretario también hizo referencia a los efectos que pueden producir las intervenciones realizadas de manera inmediata. En particular, señaló que los “ingresos rápidos y a veces en caliente” pueden generar consecuencias relacionadas con los derechos humanos.
A su juicio, la discusión actual representa una oportunidad para revisar los procedimientos utilizados en las universidades públicas y establecer protocolos que permitan actuar frente a delitos sin generar situaciones adicionales relacionadas con los derechos de las personas.
¿Por qué Julián Uscátegui respalda el ingreso de la Fuerza Pública?
El concejal del Centro Democrático Julián Uscátegui manifestó una posición distinta. Según explicó, durante varios años ha denunciado la presencia de estructuras urbanas del ELN y las FARC en universidades públicas de Bogotá y de otras zonas del país.
Uscátegui respaldó que la fuerza pública pueda ingresar a estos espacios cuando sea necesario para capturar a personas que estén involucradas en actividades criminales. Para el concejal, la autonomía universitaria no puede utilizarse para impedir la actuación de las autoridades cuando existen hechos relacionados con delitos.
“La autonomía universitaria no lo permite”, afirmó Uscátegui, al señalar que esta garantía está relacionada con la capacidad de las universidades para gobernarse en asuntos académicos, administrativos y financieros.
El concejal sostuvo que las autoridades deben desarrollar labores de inteligencia policial y militar para identificar a los actores que estarían dentro de las universidades y establecer qué estructuras operan en esos espacios.
Según Uscátegui, una vez identificados los responsables, los cuerpos especializados de la Policía y el Ejército deberían poder intervenir cuando se presenten hechos que requieran su actuación.
También mencionó a la SIJIN y al escuadrón móvil antidisturbios como unidades que, según su posición, deben tener la posibilidad de ingresar a las universidades cuando existan circunstancias relacionadas con violencia, criminalidad o terrorismo.
Para el concejal, los derechos relacionados con la autonomía universitaria y la protesta social tienen límites cuando se presentan hechos de violencia. “Esos derechos, esas garantías no son absolutas”, aseguró durante la entrevista.
Uscátegui también sostuvo que las autoridades deben contar con condiciones para actuar frente a quienes, según su denuncia, utilizan las universidades para planear ataques contra la fuerza pública, civiles o infraestructura.
Finalmente, el concejal entregó una cifra relacionada con los hechos que ha denunciado. Afirmó que en los últimos siete años se han registrado 2.588 actos vandálicos, que dejaron más de 3.600 buses de TransMilenio afectados o incinerados, además de uniformados y civiles heridos.
¿Qué plantea Hugo Acero para atender los hechos de violencia?
Hugo Acero propone fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal, además de implementar cámaras de seguridad en los accesos y perímetros de las universidades. Para el exsecretario, estas herramientas pueden ayudar a identificar a quienes participan en actos violentos.
¿Qué posición tiene Julián Uscátegui sobre el ingreso de la Policía?
Julián Uscátegui considera que la Fuerza Pública debe poder ingresar a las universidades públicas cuando existan hechos relacionados con violencia, criminalidad o terrorismo. Su planteamiento incluye labores previas de inteligencia para identificar a los responsables.
¿Cuál es el punto central del debate sobre la autonomía universitaria?
El debate es por establecer los límites de la autonomía universitaria frente a la actuación de las autoridades. Mientras Acero plantea protocolos, inteligencia y coordinación institucional, Uscátegui sostiene que la fuerza pública debe intervenir cuando existan hechos que requieran su actuación.
