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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) obtuvo un fallo favorable en una tutela interpuesta por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de la entidad, quien solicitaba acceso a información y documentos relacionados con su cargo. El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá falló a favor de Gestión del Riesgo, negando la tutela presentada por Pinilla.
El exfuncionario había presentado un derecho de petición para obtener acceso a varios documentos internos, así como al computador que utilizó durante su gestión en Gestión del Riesgo, además de información sobre procesos contractuales. Sin embargo, la entidad argumentó que la información solicitada por Pinilla forma parte del material probatorio de un proceso penal en curso y, por lo tanto, se encuentra bajo reserva legal. En consecuencia, no puede ser entregada sin la autorización de las autoridades judiciales.
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En su fallo, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá consideró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había dado una respuesta clara y oportuna a los derechos de petición presentados por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez en marzo de 2024, lo que llevó a la negativa de la tutela. El tribunal determinó que la respuesta de la entidad fue suficiente para satisfacer el derecho de petición del exfuncionario y que el hecho objeto de la acción legal estaba superado.
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El director de la entidad, Carlos Carrillo Arenas, señaló el compromiso de la UNGRD con la transparencia y la justicia, así como su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y organismos de control para esclarecer los hechos de corrupción investigados durante la administración del anterior director, Olmedo López.
Entre las investigaciones que actualmente enfrenta la entidad, se destaca la presunta pérdida de recursos públicos relacionada con la compra de carrotanques destinados a suministrar agua potable a las comunidades del departamento de La Guajira. Según la entidad, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la cadena de custodia de los elementos probatorios y preservar las evidencias que demuestran las actuaciones irregulares que llevaron a este detrimento patrimonial.
