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El Tribunal Superior de Bogotá negó la preclusión y dejó en firme el proceso que se adelanta contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, por el escándalo de la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, que se llevó a cabo en marzo de 2006.
En el marco de este proceso se investiga el delito de peculado por apropiación y la decisión también afecta a los coroneles retirados Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Jaime Joaquín Ariza, este último quien es vocero de los militares retirados en la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc que hacían parte de la Segunda Marquetalia y que ahora figuran como Coordinadora Bolivariana Guerrillera.
En la misma decisión, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue a los abogados del excomisionado Restrepo y de los dos oficiales retirados al advertir que este tipo de acciones estarían relacionadas con presuntas maniobras dilatorias para frenar el juicio en su contra.
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"No pasa por alto la Sala la actitud dilatoria que se advierte en la propuesta de los apoderados para que se decrete la preclusión sin razones plausibles y, además, solicitar valoraciones anticipadas y reiterar solicitudes ya resueltas, por tanto, se dispondrá compulsar copias para que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial adelante la investigación que corresponda", advierte el Tribunal.
Para el Tribunal, no es cierto como lo planteó la defensa que el juicio haya terminado, toda vez que aún no se cierra la fase probatoria ni se han formulado los alegatos de conclusión.
Así mismo, advierten los magistrados que sólo hasta que el debate probatorio culmine, será posible que la juez realice una valoración integral de los medios de prueba y a partir de ello, llegue a una conclusión.
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"En otras palabras, los recurrentes pretenden, a través de una ligera y descontextualizada interpretación, que el Juez irregularmente aborde anticipadamente el análisis probatorio sobre los hechos base de acusación y la responsabilidad que la Fiscalía atribuye a los procesados", señala la decisión del Tribunal.
