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Un fallo emitido por el Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado colombiano, a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia por los daños "ambientales, económicos, sociales y culturales" generados en la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango.
El Tribunal del Agua, creado para resolver conflictos de carácter hídricos en América Latina, exigió el desmonte de las obras de la represa y deploró que no se tomen medidas para proteger los cadáveres que están enterrados en las montañas del proyecto. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que serán "tolerantes" con las peticiones del fallo, que ya está siendo analizado.
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"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador.
Para el Tribunal Latinoamericano del Agua es reprochable que los habitantes de la zona de influencia de Hidroituango hayan quedado expuestos a los riesgos generados por la central. De la misma manera pidieron que las comunidades sean protegidas ante las deficiencias técnico-constructivas de la represa.
Aunque no se ha confirmado, la gobernación de Antioquia dijo que el Tribunal del Agua fue contactado por el movimiento Ríos Vivos que desde el principio se ha opuesto a la construcción de la hidroeléctrica. Cabe recordar que por las fallas en Hidroituango hubo más de 120 mil personas en riesgo ante una posible inundación del Bajo Cauca antioqueño.
