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El Consejo de Estado aceptó estudiar la tutela del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, contra la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para que se elija al nuevo fiscal general de la Nación.
Según se indicó, el tribunal decidió aceptar el recurso, luego de que el togado corrigiera los errores del primer documento.
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El magistrado asegura que la terna no respeta el principio de igualdad de género, pues al estar conformada solamente por mujeres, afecta el derecho a elegir entre los diferentes géneros que están reconocidos en la ley.
En una primera instancia, el tribunal devolvió la tutela porque Botero habría incurrido en errores, pero en un escrito de corrección, el togado corrigió los vacíos iniciales, por lo que el magistrado Rafaela Francisco Suárez de la Sección Segunda aceptó el documento.
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El demandante solicitó que se impongan medidas provisionales al estudio de la terna mientras se avanza el estudio en el Consejo de Estado. Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud, al considerar que “no existe evidencia que permita concluir que la protección de los derechos fundamentales invocados no pueda esperar el trámite expedito de la acción de tutela”.
“Debido a que no se advierte la inminencia y la necesidad de la medida, toda vez que se tiene conocimiento de que la Corte Suprema de Justicia aún no ha determinado la fecha para escoger a quien va a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación”, menciona el documento.
En el auto, el magistrado vincula como terceras interesadas a las ternadas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez y Amparo Cerón, pese a haber sido remplazada por decisión del presidente Gustavo Petro.
Las candidatas tienen el plazo de dos días para entregar un documento en el que den su posición respecto a las pretensiones y argumentos de la demanda para ser que esas comunicaciones sean tenidas en cuenta en el estudio de la tutela.
El magistrado también pide a la Corte Suprema que entregue el acta de las sesiones de Sala Plena del 14 y 28 de septiembre en las que los magistrados discutieron una acción de tutela de un ciudadano que exponía los mismos argumentos que Botero.
Además, la Presidencia deberá entregar todos los actos administrativos que se emitieron o se tuvieron en cuenta para confirmar la terna para fiscal general.
