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El presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, reconoció que es muy vulnerable el sistema de información de esa entidad, que tiene bajo su custodia la administración de los bienes y activos incautados a la mafia o bajo medidas cautelares.
Esta declaración la entregó el funcionario tras acudir a la Fiscalía General para rendir una declaración por las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción al interior de esa entidad, con relación al inventario de bienes incautados a la mafia.
“Nos preocupa mucho que esa vulnerabilidad que presenta el sistema de información de la entidad, afecte el patrimonio de los colombianos”, dijo Rojas.
Igualmente, acudió a la Fiscalía el vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, con el fin de recopilar información frente a los hechos denunciados por el mismo Daniel Rojas sobre graves irregularidades en esa entidad.
Sostuvo que durante la diligencia se determinó reactivar la mesa de trabajo que se había planteado con la Fiscalía para avanzar las investigaciones, e identificación sobre posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad.
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Indicó que durante la diligencia con la Fiscalía General expresó a los investigadores sus preocupaciones, en el sentido de que el inventario de la SAE no concuerda con el registro de bienes que les entregó la Superintendencia de Notariado y Registro.
Por su parte, los investigadores indicaron que seguirán avanzando en la recolección de información y adoptarán las decisiones a que haya lugar, para lograr la judicialización de los eventuales responsables de dichas irregularidades.
Daniel Rojas, quién tomó posesión de su cargo como presidente de la SAE, ha estado revisando los documentos sobre autorizaciones de entregas de inmuebles que se han recuperado y las normas de la entidad para ser entregados a algunos beneficiarios.
Una de las irregularidades que se ha detectado en la SAE es la falta de claridad de los criterios para la distribución de los bienes, teniendo en cuenta que no se ha realizado la respectiva auditoría.
La mesa técnica está siendo liderada por la vicefiscal general Martha Mancera y la delegada para las finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón, el director nacional del CTI, Alberto Acevedo, el director especializado contra la corrupción Edwar Calderón y la directora especializada de Extinción del derecho de dominio.
La Fiscalía entregó un informe que detalla un total de 19.587 bienes valorados en más de 25.7 billones de pesos, los cuales fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio, desde que asumió Francisco Barbosa como jefe del organismo.
Corrupción en la extinta DNE
El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que ese organismo adelanta en la actualidad un total de 105 procesos de investigación contra presuntos responsables del manejo irregular de los bienes que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que antecedió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Asimismo, explicó que del total de procesos activos, 66 casos se encuentran en indagación, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno se obtuvo la terminación anticipada.
Señaló que como parte de esta estrategia investigativa y judicial para poner en evidencia a los responsables de estos hechos de corrupción entre el 2018 y lo corrido del 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, se han suscrito cuatro preacuerdos, otorgado cinco principios de oportunidad y obtenido seis condenas por parte de los jueces.
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"Desde febrero de 2020, fueron priorizadas las actividades investigativas y se les dio un impulso. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y lograron 5 condenas, todas están ejecutoriadas", dijo el fiscal Barbosa.
