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Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Eduardo Pulgar fue capturado dentro de la investigación que se le adelanta en su contra por un presunto caso de soborno a un juez en el departamento del Atlántico.
Según los magistrados, hay indicios suficientes para determinar que el legislador, que ya fue suspendido de su curul por parte del Congreso de la República, habría podido incurrir en el presunto delito de tráfico de influencias, por lo que se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá.
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Sin embargo, según se ha conocido, la defensa del dirigente político ha emprendido una nueva estrategia para tratar de conseguir su libertad.
El abogado Jaime Granados envió un documento a la Sala de Instrucción del alto tribunal, el cual contiene un examen pericial elaborado en Estados Unidos por el ingeniero eléctrico y de audio Douglas S. Lacey, quien trabajó para el FBI, sobre la grabación que tiene en líos judiciales a Pulgar. Con esto, la defensa busca controvertir a los peritos de la Procuraduría General de la Nación.
El reporte, en poder de RCN Radio, indica que “hay una completa ausencia de una ‘cadena de custodia’ (…) para el dispositivo de grabación presuntamente original y el CD de datos que contiene el archivo de copia forense (…), antes de que éste último llegara a la posesión del sr. Johan Jairo Jacomo Bacca el 15 de julio de 2020”.
Asimismo, el abogado Granados asegura, con base en este informe que “un individuo ajustó manualmente la fecha del reloj de la grabadora ICD-PX312F a una fecha anterior al 16 de enero de 2008 o a esta misma fecha, y la grabación se produjo cuando la fecha del reloj marcaba el 16 de enero de 2008. La porción “004” del nombre del archivo indica que esta habría sido la cuarta grabación hecha en la grabadora el 16 de enero de 2008, conforme al reloj interno de la grabadora”.
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Además, Granados señala que la Procuraduría General de la Nación no tenía como dictaminar la autenticidad del audio en el que aparentemente se escucha sobre un ofrecimiento de dinero a un funcionario judicial.
“El dictamen que aportamos en esta oportunidad deja claro que ni los peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, ni ningún otro perito dictaminó sobre la autenticidad de los audios ni de los archivos que los contienen, de hecho, los peritos de la Procuraduría manifestaron no contar con los equipos para hacerlo”, sostiene.
De otro lado, la defensa del suspendido senador Pulgar también tiene en sus manos el salvamento de voto expresado por el magistrado Francisco Farfán, en el que advierte que se habría presentado un “error grave” en el dictamen pericial sobre las grabaciones que involucran a este dirigente político.
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Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ha dicho que las pruebas son suficientemente válidas. La procuradora delegada para la investigación y juzgamiento Myriam Ávila Roldán manifestó al diario El Tiempo que los argumentos de la defensa “no invalidan las labores de cadena de custodia realizadas por los peritos de la entidad” en este caso.
La funcionaria también desvirtúa la tesis de que supuestamente se habría presentado un grave error con el dictamen pericial. “Más que un error grave se advierte desacuerdo con el análisis y conclusiones presentadas en el dictamen”, sostuvo.
Además, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esta grabación no sería el único medio de prueba en este proceso que se adelanta en el alto tribunal. Sin embargo, serán los magistrados de este alto tribunal los que examinen los argumentos de parte y parte y determinen si el congresista debe o no recuperar su libertad.
