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El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, informó en su cuenta de X que, tras los graves hallazgos sobre presuntas irregularidades en la Industria Militar Colombiana (Indumil), relacionados con el manejo, custodia y destrucción de material bélico, remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación correspondiente.
El funcionario señaló que “Indumil (está) bajo la lupa por posible caso de corrupción. Hemos trasladado a la Fiscalía General de la Nación (un) hallazgos sobre posibles irregularidades”.
Indumil, bajo la lupa por presunto caso de corrupción
Los hallazgos surgieron luego de un análisis jurídico adelantado por su despacho, basado en alertas de la Oficina de Control Interno de Indumil y del presidente de la empresa militar.
“Tras el análisis jurídico adelantado por la Transparencia, producto de unos hallazgos por parte de la oficina de control interno de Indumil y alertas provenientes del mismo presidente de la empresa militar, se confirmaron hechos que evidencian graves fallas en la gestión de material armamentístico”, dijo.
Idárraga explicó que las irregularidades están relacionadas con el manejo, custodia y destrucción de armamento, como “320 granadas (274 de 40 mm H.E. y 46 de mortero de 60 mm), más de 7.200 cuerpos de granadas, partes funcionales de fusiles Galil y pistolas Córdova, así como bombas de aviación cargadas de 250 y 500 libras, entre otros elementos”.
Según el secretario, los resultados evidencian graves fallas en la gestión del material armamentístico, incluyendo el incumplimiento de deberes de custodia, control y destrucción de armas y explosivos.
Material bélico sin control ni trazabilidad
Recalcó que buena parte de este material, pese a contar con actas de salida de la Fábrica José María Córdova, no estaba registrado en el sistema de inventario SAP, carecía de trazabilidad y soporte de custodia.
“Incluso, algunos elementos fueron catalogados como 'chatarra', listos para ser retirados de la planta sin haber sido fundidos o inutilizados, lo que representaba un alto riesgo de recuperación y desvío de armamento”, explicó.
El secretario de Transparencia aseguró que las investigaciones permitieron establecer la responsabilidad de varios funcionarios.
“Los hallazgos también señalan que funcionarios a cargo de los procesos técnicos y directivos de la planta habrían suscrito actas certificando la destrucción de material que, en realidad, permanecía almacenado y en buen estado, lo que podría constituir una simulación de los procesos de inutilización y fundición”, manifestó en su cuenta de X.
La Secretaría de Transparencia reiteró que estos hallazgos comprometen la seguridad nacional y exigen una revisión exhaustiva de los protocolos internos de control y destrucción en la industria militar del país.
“El material bélico del Estado no puede quedar fuera de control. Cada omisión abre la puerta al desvío de armamento y al riesgo para la seguridad nacional”, advirtió.
