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El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su decisión de negarle la solicitud de libertad al exsenador Richard Aguilar, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en contratación cuando ejerció como gobernador de Santander.
La decisión fue adoptada por el magistrado Luis Bustos Bustos, quien concluyó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue respetuosa de los derechos al debido proceso del excongresista Richard Aguilar y cumplió con todos los parámetros y el procedimiento que condujo a la detención preventiva del exsenador.
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De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, avalar la petición del defensor de Aguilar conllevaría a pensar que el tratamiento jurídico de la Fiscalía General resulta ser mejor que el adelantado por la Corte Suprema, es decir que favorecería al procesado, porque le permitiría escoger el juez natural, lo que violentaría el derecho que tendrían otros investigados por no contar con un fuero especial como el de congresista.
"No habrá de accederse a la reposición de la decisión proferida. La determinación aquí adoptada fue absolutamente clara al puntualizar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cumplió con el agotamiento del referido método, de ahí que la providencia se encuentra debidamente ejecutoriada", dijo el magistrado Bustos.
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El tribunal ratificó que los dos escenarios primarios de la Corte Suprema y de la Fiscalía, como son los de la indagatoria, imputación y las respectivas medidas de aseguramiento, cumplen la misma figura jurídica de la vinculación al proceso.
Asimismo, sostuvo que "ambos sistemas son susceptible de ser equiparados en lo atinente a la indagatoria, formulación de imputación y medida de aseguramiento, correspondían a etapas culminadas cuya firmeza en modo alguno se discute o rebate la actuación bajo estudio y por el contrario se evidencia materialización de las garantías que le asisten al implicado".
Para la Fiscalía existe una inferencia razonable con base en los elementos de prueba, sobre la supuesta responsabilidad de Richard Aguilar en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés Interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por aprobación y concierto para delinquir.
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Por su parte, la procuradora delegada había manifestado que tras la renuncia al congreso de Richard Aguilar, debía ser procesado bajo la Ley 906 del nuevo sistema penal acusatorio y por ende, la Fiscalía debe acudir ante un juez de control de garantías y solicitar la respectiva medida de aseguramiento para mantenerlo detenido.
En este caso se señalaba que al igual cómo sucedió en el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, no se podía mantener bajo detención a una persona procesada sin antes ser objeto de imputación de cargos.
