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La FM conoció que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao fijó para el próximo 8 de mayo a las 12 del día la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su supuesta responsabilidad en la violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Se trata del tercer intento que hará la Fiscalía para imputarle cargos a Ricardo Roa por este capítulo que involucra a la campaña del presidente Petro, ya que el pasado 8 de abril pasado su abogado no logró comparecer a la diligencia y el 12 de marzo pasado estaba prevista esta misma audiencia, pero el presidente de Ecopetrol solicitó directamente a los investigadores más tiempo para preparar el caso en su contra.
Roa también argumentó en su momento que un día antes acababa de ser imputado ante otro juez de control de garantías por cargos de tráfico de influencias de servidor público relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá y por ello, solicitada unos días más para revisar el nuevo expediente judicial.
Fiscalía advierte que son contundentes las pruebas
La fiscalía delegada contra la corrupción aseguró que son contundentes las pruebas que fueron recolectadas para sustentar la está pendiente de conocer por qué el presidente de la estatal petrolerano se conectó virtualmente a la diligencia y convocarlo a una nueva audiencia pública, sin mas demoras, ni dilaciones.
Esta imputación estaba prevista poco después de que la junta directiva de Ecopetrol le autorizara a Roa siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada y así pueda concretarse en responder en los procesos pendientes que tiene con la justicia.
Este proceso penal se impulsó en la Fiscalía, tras la compulsa de copias que realizó en noviembre pasado el Consejo Nacional Electoral para que se investigara al entonces gerente de la campaña presidencial ya que era el encargado de autorizar gastos, suscribir contratos y avalar las operaciones contables.
El fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada Raúl González, también insistió en que este proceso está fundamentado en elementos de prueba que ameritan llevar ante los jueces a Ricardo Roa.
El trasladado de evidencias clave del CNE
Gran parte del proceso de la Fiscalía se soporta en el traslado de evidencias, documentos y soportes contables recolectados por el CNE en cabeza de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz.
En el fallo emitido en noviembre de 2025 el CNE sancionó a la campaña del presidente Petro por violar los topes de gastos permitidos y por financiación prohibida al desmelenar que se excedieron los límites establecidos en un monto superior a los 5.300 millones de pesos.
En el expediente se plantea que en la primera vuelta, la violación de los topes de ingresos y gastos de campaña ascendió a los 2.459 millones de pesos. La omisión de los reportes sumó un monto de 2.611 millones de pesos y por ello, se ordenó la devolución al Estado de 2.447 millones de pesos.
Asi mismo, se estableció que en la segunda vuelta de las elecciones, la vulneración a los topes llegó a los 583 millones de pesos y la omisión de gastos alcanzó los 1.087 millones.
En torno a este caso, la campaña Petro Presidente en 2022 enfrenta sanciones administrativas que superan los 5.000 millones de pesos.
El CNE impuso multas a Ricardo Roa, como gerente de la campaña; a Lucy Aydee Mogollón, como tesorera y a Mary Lucy Soto Caro, entonces auditora interna durante la primera vuelta presidencial.
Por su parte, el partido Colombia Humana, que fundó el presidente Petro, aceptó en su momento los cargos del CNE y pagará una sanción que asciende a los mil millones de pesos.
La compra de un penthouse en el norte de Bogotá
El pasado 11 de marzo, una fiscal especializada de la Unidad contra la Corrupción imputó cargos en audiencia virtual ante un juez de Bogotá en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el presunto tráfico de influencias de servidor público relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá.
“En Bogotá entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted Ricardo Roa en su calidad de servidor público como presidente de Ecopetrol, máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales”, indicó la fiscal delegada.
La fiscal explicó que Ecopetrol como grupo empresarial integra a un total de 21 compañías subordinadas, filiales y subsidiarias.
“Usted Ricardo Roa hace parte de la junta directiva de las compañías subordinadas en las que se toman las decisiones más importantes de las empresas. Entre otras, hizo parte de la junta directiva de Hocol, en la que fungió como presidente hasta el 24 de septiembre de 2025”, dijo.
La fiscal delegada señaló a Ricardo Roa de supuestamente haber utilizado su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera, con oportunidades de negocios en esa compañía filial.
“En línea con esto señor Ricardo Roa usted instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, a la empresa Gaxi ESP SAS de propiedad del señor Juan Guillermo Mancera”, dijo la fiscal delegada.
El expediente indica que está instrucción indebida se impartió en varias reuniones sostenidas entre Luis Enrique Rojas y Ricardo Roa. Una de ellas tuvo lugar el 20 de agosto de 2004, después de una sesión de junta directiva de Hocol y posterior, a ello, ambos asistieron a un almuerzo en el restaurante Flora en Bogotá, donde le manifestó que el proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera.
