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Jorge Enrique Pizano, excontroller de la ruta del Sol murió en extrañas circunstancias junto a su hijo en noviembre del 2018. Pizano resultó ser uno de los testigos más importantes de los posibles sobornos de Odebrecht al Gobierno a través de contratos falsos sin sustento jurídico en el desarrollo del proyecto de la Ruta del Sol II.
Ese proyecto estaba a cargo del grupo Corficolombiana, Odebrecht y Solarte y lo que evidenció Pizano es que se estaban realizando contratos para obras o servicios que no podía encontrar. ¿Para dónde van esos recursos?, se preguntó el excontroller que también fue investigado por el contrato que conectaría al Río Tunjuelo con la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas y el río Bogotá. Pizano fue gerente del Acueducto y en ese contrato también se investigaron sobornos del grupo Solarte y Odebrecht.
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Uno de los contratos que llamó la atención de Pizano porque no encontró explicación de la inversión del dinero fue con la empresa RGQ Logistics en el 2015 por $ 4.000 millones de pesos.
RGQ Logistics es representada desde entonces por Álvaro Quimbaya Noches. Quimbaya y su empresa no solo fueron motivo de alerta para Pizano, sino que fueron mencionados por los expresidentes Uribe y Pastrana en su carta al fiscal general en el 2017.
Entonces el propio Uribe pidió que se investigara “si para saldar cuentas pendientes de la campaña Santos, y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistics se hicieron ocho pagos iguales de cuatroscientos noventa millones para una suma total de tres mil novescientos veinte millones”.
RGQ Logistics ha estado en la mira de los medios, los entes de control y del país político en general que ha llevado la pita de los supuestos sobornos. No en cambio hizo lo mismo el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología.
La FM tiene en su poder un contrato que no se encuentra en el registro de contratos del Estado y que fue suscrito entre el Instituto Nacional de Cancerología y RGQ Logistics Group International SAS el pasado 01 de junio en medio del año de luna de miel del Gobierno del presidente Iván Duque.
El contrato tiene el objeto de prestar el servicio especializado de almacenamiento, custodia, y transporte de información y archivo del instituto. Tiene un costo de $ 301.907.557 y va hasta el 31 de octubre del 2021.
El contrato tiene 19 páginas y al final aparecen las firmas de Carolina Weisner Ceballos y Álvaro Andrés Quimbaya Noches como representante legal de RGQ.
Al preguntarle a la directora del Instituto y al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, ambos aseguraron que no conocían las denuncias del caso Odebrecht.
Esta es la respuesta de la entidad:
Hemos revisado el proceso de selección y adjudicación, así como el informe del Área de la Gestión Contractual, en donde se indica que el procedimiento frente a la invitación pública se llevó de conformidad a la ley, con transparencia, objetividad y acato a los términos de referencia. De igual manera se revisó el RUP, CAMARA DE COMERCIO y la POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, en donde no se encuentra observación alguna al proveedor, es decir no tiene sanciones, inhabilidades, incompatibilidades o prevenciones sobre la contratación, También se aprecia que el proveedor se encuentra registrado en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, sin que haya reparo en el SECOP, sobre RGQ. Es necesario recordar que mientras una autoridad judicial o administrativa emita sanción en firme, no se puede inhabilitar a un proponente, así este siendo investigado.
Sin embargo, resulta por lo menos curioso que las entidades del sector Salud no hayan revisado el historial, las investigaciones y los señalamientos a RGQ Lgoistics desde el 2017.
El ministro Uribe dijo que iba a revisar el contrato y el proceso de selección.
Ootros contratos
Esteban Moreno.
Este es el testigo clave de los dineros que habrían llegado a la campaña de reelección a partir de un giro de $ 3.890 millones también de un contrato falso en la ruta del sol 2. Moreno antes de ese acontecimiento tuvo dos contratos con Telepacífico, el canal público del Valle, uno el 12 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de ese mismo mes, es decir 15 días, por 75 millones de pesos para comercializar y vender los servicios de Telepacífico.
Luego tuvo otro contrato con ese mismo canal para todo el 2014 por 52 millones de pesos con el mismo objeto. Moreno tuvo un contrato para 15 días por 75 millones y otro para 12 meses por 59 millones. Quien firmó esos contratos es Luz Helena Ázcarate, hoy secretaria de Educación de Cali, que negó los contratos la primera vez que fue consultada por La FM y luego, al mostrarle la evidencia de los documentos, dijo haberlos recordado.
Otra de las fichas importantes en el entramado de contratos es Laidy Daniela Vásquez Lentino, quien es la representante suplente de la empresa RGQ Logistics. Lentino tuvo 5 contratos entre el 2014 y el 2015, siempre para asesorías jurídicas con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, el Senado y el proyecto Computadores para Educar.
