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Tras la muerte de Raúl Reyes en el 2008, uno de los máximos líderes de la antigua guerrilla de las Farc, las autoridades hallaron varios archivos en sus computadores.
En ellos se logró establecer que hubo un cruce de información entre la guerrilla y la senadora Piedad Córdoba, la cual era identificada como alias de Teodora, 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' o 'la Negrita'.
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Las pruebas, que parecían irrefutables, dieron origen a que la Procuraduría le iniciara un proceso disciplinario, argumentando que la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar intercambios humanitarios de secuestrados, en una época en la que el conflicto armado se había recrudecido.
La polémica no se hizo esperar, ya que el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó a la exsenadora y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años.
En medio del rifirrafe y de diferentes recursos interpuestos, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dio la última palabra sobre el caso.
El alto tribunal determinó que las pruebas eran ilegales en Colombia, teniendo en cuenta que fueron obtenidas en un país extranjero cuando se enviaron a la Interpol y sin autorización de las autoridades locales.
De igual manera, la Corte indicó que en medio del traslado de los discos duros de los computadores y las USB, se violó la cadena de custodia.
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Sin embargo, se dejó en claro que dichas pruebas sí podrían ser usadas para las investigaciones judiciales que se abrieran en el extranjero, que, para la época de los hechos, sucedió en Chile y España.
Este jueves, varios años después de la vinculación de Piedad Córdoba con las Farc, se vuelve a revivir el tema, esta vez, por la captura Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la líder política.
A Córdoba Ruiz se le acusa de ser el coordinador logístico para el abastecimiento de drogas desde el sur de Colombia, -que corresponde a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Putumayo- con destino hacia los Estados Unidos.
Por estos hechos, una Corte del Distrito Sur de Nueva York los estaría requiriendo. Sin embargo, la exsenadora negó cualquier vínculo de ella y su familia con el narcotráfico y los grupos ilegales, por el contrario, calificó esta captura como una persecución política por haber vuelto a la política.
