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La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra Elías Yamhure Daccarett, socio de la empresa TicketYa, por su presunta responsabilidad en la reventa de boletas para el partido entre las selecciones de Colombia y Brasil, que se jugó el 5 de septiembre de 2017, como parte de la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.
De acuerdo con los investigadores de policía judicial, con base en los elementos de prueba recolectados, un total 13.854 entradas para este partido de fútbol habrían sido comercializadas por encima del precio definido.
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Según la Fiscalía General de la Nación, las boletas, en realidad, tenían un costo cercano a los 2.840 millones de pesos; sin embargo, el valor de venta superó los 5.900 millones de pesos.
“Es decir, que los representes de la compañía, al parecer, obtuvieron una utilidad aproximada de 3.105 millones de pesos”, señaló el fiscal delegado a cargo de este proceso penal.
De igual forma, la Fiscalía General logró constatar que ante la denuncia pública sobre la posible reventa, TicketYa ofertó a través de la web 6 mil boletas al público.
El fiscal especializado a cargo del proceso advirtió que se trata de una situación ficticia porque ese número de entradas nunca salió a la venta.
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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Elías Yamhure Daccarett por los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir.
En relación con este escándalo, la Fiscalía General acusó recientemente al empresario Merdardo Alberto Romero Riveros, por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la reventa de boletería para los partidos de eliminatoria de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018.
En uno de los apartes de la acusación se revela que los empresarios le enviaron, en agosto de 2015, una maleta con tres mil millones de pesos a los directivos en ese entonces de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González.
Para sustentar esta acusación se cita al expresidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo Polania, quien habría recibido información sobre las irregularidades en la licitación y ejecución del millonario contrato.
