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No cesa la controversia en el país luego de que un fiscal especial de paz fuera capturado mientras pedía sobornos para "incidir" en el proceso de extradición del líder de la exguerrilla de las Farc, Jesús Santrich.
El fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, fue arrestado junto con cuatro personas en dos operativos en hoteles del norte de Bogotá justo cuando recibían 500.000 dólares a cambio de incidir en el trámite de extradición de Seuxis Hernández.
Luego de haber sido legalizadas las capturas durante el fin de semana, en las últimas horas se conocieron nuevos videos asociados a este escándalo.
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En las filmaciones, suministradas por las autoridades, se ven a dos implicados mientras son capturados con una maleta repleta de dólares que tendrían relación directa con la sonada “incidencia” en el trámite de extradición del exjefe guerrillero, investigado en EE.UU. por actividades de narcotráfico.
Luego, una vez es verificado el contenido de la maleta, se procede a la captura de los dos sujetos que fueron judicializados durante el fin de semana.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que tiene en sus manos el caso de Santrich, indicó por su parte en un comunicado que el fiscal no "desempeñaba ningún rol" en el proceso de extradición del exguerrillero.
Santrich fue arrestado en abril pasado en Bogotá por solicitud de Estados Unidos que lo acusa de conspirar para traficar cocaína a ese país después de la firma de los acuerdos de paz en 2017.
El exnegociador de paz permanece desde entonces en prisión, en espera de que el tribunal especial creado para juzgar delitos cometidos en el marco del conflicto resuelva su pedido de extradición.
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La JEP ha pedido a Estados Unidos pruebas de sus acusaciones, pero el Departamento de Justicia estadounidense asegura que ya ha mandado la documentación necesaria y no está obligado a dar más detalles.
El presidente Iván Duque declaró el pasado viernes que consideraba de "suma gravedad" que se estuvieron "prestando gestiones para retrasar extradiciones".
Firmado en noviembre de 2016, el pacto de paz concede beneficios jurídicos a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas y prevé que ningún líder de la otrora guerrilla sea entregado a Estados Unidos por acciones ocurridas antes de esa fecha.
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Sin embargo, en caso de que violen la ley después de la firma del acuerdo, los excombatientes perderán esas concesiones y serán sancionados por la justicia ordinaria.
El caso del exguerrillero, que padece una aguda deficiencia visual, ha puesto a prueba la ya difícil implementación de los compromisos de paz, y ha desatado temores de que excombatientes se sientan traicionados y puedan retomar las armas.
