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El lamentable hecho de abuso de autoridad que se registró en Medellín por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía donde obligaron a detener su vehículo a un ciudadano argumentando que debía ser requisado, dio para que muchos colombianos se preguntaran quiénes está y no autorizados para pedir una requisa.
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Al respecto, es claro que son muchas las instituciones que se pueden dedicar a esta tarea, pero cumpliendo algunos requisitos que establecen reglas claras para adelantar el mismo procedimiento.
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Frente al tema, es claro que quienes son parte del CTI de la Fiscalía pueden hacer requisas, pero con una orden judicial para poder proceder. Entre tanto, los policías, militares o agentes de tránsito pueden hacerlo con un marco normativo específico.
Mientras los policías o militares pueden hacer ese registro físico, los agentes de tránsito solo pueden pedir la documentación.
Aun así, el artículo 32 de la Constitución Política establece:
El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.
Al respecto, también cobra vigencia la sentencia C-789/06 de la Corte Constitucional que contempla:
El registro de personas llevado a cabo en desarrollo de la actividad de policía difiere sustancialmente del registro que se dispone y practica dentro del proceso penal, ya que el primero responde al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas
En el mismo sentido, el artículo 159 del Código de Policía contempla:
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee, en los siguientes casos:
1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad.
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a la ley.
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia.
6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.
Entre tanto, el personal de vigilancia privada –que tienen algunas compañías– no tiene ninguna facultad legal para hacer requisas.
