La FM en Google News
Eduardo Enrique Pulgar Daza no podrá presentarse nuevamente para un cargo de elección popular ni ejercer funciones públicas. Así lo determinó el Consejo de Estado que le quitó su investidura por intentar sobornar a un juez de la República para desviar un proceso en el que tenía un especial interés.
La FM conoció en primicia el fallo de 42 páginas del Consejo de Estado que avaló la “muerte política” del exsenador del Partido de ‘La U’. Pulgar, quien alcanzó a ocupar la segunda vicepresidencia del Senado en el 2018, perdió su dignidad en el Senado al ofrecerle 200 millones de pesos al juez promiscuo del municipio de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que favoreciera a Juan José Acosta Ossío para que pudiera seguir manteniendo el control de la Universidad Privada Metropolitana, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.
Frente a las constantes presiones el juez se reunió con el senador Pulgar quien no ocultó por un segundo sus intenciones para que desviara el proceso que tenía en su despacho y ayudara a Acosta Oslo y su grupo familiar para que continuaran al frente de la Universidad, la Fundación y el Hospital, esto teniendo en cuenta que eran un fortín electoral. Todo lo que le dijo el congresista fue grabado por el funcionario judicial.
“(…) quiero apelar ahí a la buena relación que ustedes tienen pa´ ver si me pueden ayudar hermano esa universidad me pone unos votos a mí importantes y adicionalmente a ello aquí hay un negocio, así de sencillo, ustedes me dice y yo voy y digo cuánto esta jugada vale tanto y vamos pa´lante, así de sencillo […] Esos manes a mí me ayudan ahí con becas, me dan puestecitos yo te hablo la verdad y cuando inicia la campaña me tiran un billetico no les voy a negar na´yo que voy a negar eso y los manes son juiciosos (inaudible) si yo le digo a los manes ¡hey doc! esta vaina vale 200 barras, me dicen ¿a qué horas? y ¿dónde? Ya sí, pa´ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad aquí hay un negocio» (sic)”, precisa uno de los apartes de la grabación.
El juez se negó, cortante, a dicha propuesta. Sin embargo, Pulgar siguió insistiendo y le dio otras “opciones” al juez para que aplazara la audiencia en la que iba a dar a conocer la decisión con el fin de buscar más ayudas para ofrecerle para que el servidor judicial “se torciera” y decidiera ayudar a Acosta Osorio y su grupo familiar.
Pulgar sabía que si Acosta salía beneficiado él también lo estaría pues, como dijo en otras grabaciones que hizo el juez, esa universidad le daba “puestecitos” y en la campaña “me tiran un billetico”. El negocio –como lo llamaba el entonces senador- consistía en que ese grupo familiar siguiera mandando para conservar los votos y el poder electoral para los comicios del 2018.
“El señor Pulgar Daza actuó en forma dolosa y planeada”, precisa la decisión al indicar que estuvo al tanto de todo y buscó la oportunidad perfecta para “aprovechar su condición de senador para influir en el alcalde de Usiacurí (no en otra persona), dado que este lo reconocía como «su jefe político», para lograr, por su intermedio, el encuentro con el juez tantas veces mencionado y hacerle una oferta de dinero”.
Debido a esto se consideró demostrado el tráfico de influencias por parte del senador. La Sala consideró que en este caso es “éticamente inaceptable, y mayor gravedad reviste cuando proviene de un congresista, como lo fue el señor Pulgar Daza, hacedor de las normas que regulan la conducta de las personas en sociedad” y que debería dar ejemplo.
En el mismo proceso el mismo Pulgar reconoció el ofrecimiento de dinero al juez de Usiacurí y reconoció que busca favorecer los intereses de sus amigos planteándolo como un “negocio” en el cual el juez era libre de aceptar o negar la oferta. El Consejo de Estado aprovechó la oportunidad para felicitar la actitud del juez quien no sucumbió “por el influjo sicológico” del senador. “¡La conciencia de un hombre honesto no tiene precio!”.
“Basta la afirmación del mismo exsenador realizada durante la audiencia de alegaciones para corroborar que era plenamente consciente de la deshonestidad de su comportamiento y, sin embargo, quiso y acometió su realización, cuando sostiene que respecto de la oferta de los 200 millones de pesos que hizo al juez primero promiscuo de Usiacurí para que favoreciera intereses del señor Juan José Acosta Osío y su familia”, advierte el Consejo de Estado.
Con esta carga probatoria el Consejo de Estado le decretó la “pérdida de investidura al exsenador” al considerar que utilizó su cargo y poder electoral para ejercer presiones indebidas y ejecutar un evidente tráfico de influencias. “El comportamiento integérrimo que se espera de un congresista, cuya misión sillar es la de regular la conducta colectiva o de la sociedad toda a través de normas abstractas e impersonales, o si se prefiere, limita la libertad de las personas, así lo impone, aún en tiempos de crisis”.
Por estos mismos hechos enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General desde diciembre de 2020. Pulgar aceptó su responsabilidad en delito de cohecho ante la Corte Suprema de Justicia y fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión.
