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La Corte Constitucional tomó una decisión de fondo sobre la emergencia económica, social y ecológica que decretó el Gobierno nacional el pasado 19 de agosto, luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 y sus posteriores réplicas.
En una decisión que fue adoptada por una votación de siete magistrados contra uno, el alto tribunal declaró exequibles, es decir, ajustados a la Constitución, los decretos que dieron origen a esta declaratoria de emergencia y que posteriormente modificaron su ámbito territorial.
Sin embargo, el aval tiene importantes condicionamientos. La Corte estableció límites sobre los territorios que pueden recibir los beneficios de la emergencia, las medidas que puede adoptar el Gobierno y, especialmente, el destino y la administración de los recursos extraordinarios.
La emergencia tendrá límites territoriales
Uno de los primeros puntos que aclara la Corte es que la emergencia no puede extenderse indiscriminadamente a todos los municipios de los departamentos incluidos en los decretos del Gobierno.
El alto tribunal determinó que podrán beneficiarse de esta declaratoria los municipios que registraron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto y sus réplicas, de acuerdo con el reporte situacional número 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
También podrán incluirse otros municipios de los departamentos señalados en los decretos, pero existe una condición: el Gobierno tendrá que demostrar, con información precisa y soporte técnico de la UNGRD, que efectivamente sufrieron afectaciones relacionadas con el fenómeno que originó la emergencia.
En otras palabras, no basta con pertenecer a uno de los departamentos incluidos en la declaratoria. Debe existir una afectación concreta y demostrable.
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