La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación puso bajo vigilancia preventiva a GECELCA, la Generadora y Comercializadora de Energía Eléctrica del Caribe, para hacer seguimiento al manejo de recursos públicos por cerca de cuatro billones doscientos mil millones de pesos destinados al programa Colombia Solar.
De acuerdo con la actuación, se busca anticipar posibles riesgos en la administración de estos recursos, la contratación y la ejecución de los proyectos, con el propósito de proteger el patrimonio público y contribuir a que las inversiones cumplan los objetivos previstos.
El seguimiento también incluye la gestión contractual de GECELCA durante 2026, una empresa de servicios públicos de carácter mixto que tiene importancia estratégica para el sector energético, especialmente en la región Caribe.
La Procuraduría aclaró que se trata de actuaciones preventivas orientadas a identificar riesgos y promover correctivos oportunos, no de una declaración de irregularidades o de responsabilidades contra la empresa.
Una inversión de $4,2 billones para energía solar
Uno de los principales focos de la vigilancia es el programa Colombia Solar, que contempla una inversión cercana a los cuatro billones doscientos mil millones de pesos y busca beneficiar a 563.057 usuarios de los estratos uno, dos y tres en trece departamentos del país.
La iniciativa pretende implementar soluciones solares fotovoltaicas, es decir, sistemas que aprovechan la energía del sol para producir electricidad.
El propósito es avanzar en la transición energética mediante la instalación de estas soluciones para los hogares contemplados en el programa.
Por la magnitud de los recursos comprometidos y el número de personas que se busca beneficiar, la Procuraduría considera necesario hacer seguimiento a la administración del dinero público y a la ejecución de las inversiones.
La vigilancia apunta a que los recursos se manejen de manera eficiente y transparente, que los proyectos se desarrollen oportunamente y que las soluciones previstas se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades.
El objetivo es anticipar situaciones que puedan retrasar la ejecución, afectar el cumplimiento de las metas o poner en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos.
La lupa también estará sobre los contratos de GECELCA
De acuerdo con la información entregada por la Procuraduría, el segundo componente de la actuación preventiva está relacionado con la contratación que GECELCA haya suscrito durante 2026.
En ese mismo sentido, la Procuraduría anunció que hará una caracterización de esos contratos y utilizará criterios de riesgo y selectividad para determinar cuáles requieren una revisión más profunda.
Entre los aspectos que serán examinados están la planeación contractual, los procedimientos de selección, la idoneidad de los contratistas y la posible concentración de contratos en determinados proveedores.
Sumado a eso, se revisarán las modificaciones contractuales, el avance físico y financiero de los proyectos, los mecanismos de supervisión y las condiciones de transparencia y trazabilidad de los recursos invertidos.
En términos prácticos, el organismo de control busca establecer si los contratos están adecuadamente planeados, si los contratistas cumplen con las condiciones requeridas, si las obras o actividades avanzan de acuerdo con lo previsto y si es posible seguir el recorrido de los recursos públicos.
La revisión selectiva permitirá profundizar en aquellos aspectos que, de acuerdo con los criterios de riesgo, ameriten una vigilancia más detallada.
Por ahora, la información divulgada por la Procuraduría no señala que se haya comprobado una irregularidad específica en los contratos de GECELCA. La finalidad de esta etapa es precisamente identificar de manera anticipada riesgos que puedan afectar la gestión y promover medidas preventivas.
Protección del patrimonio público y de los beneficiarios
La actuación tiene especial relevancia por la dimensión del programa Colombia Solar y por el papel estratégico de GECELCA en el sector energético de la región Caribe.
En este punto, la Procuraduría aseguró que busca que el dinero comprometido llegue a los fines previstos, que las soluciones solares se ejecuten oportunamente y que los usuarios beneficiarios puedan recibir los resultados esperados.
Al mismo tiempo, el seguimiento a la contratación pretende fortalecer los controles sobre la planeación, la ejecución y la supervisión de los recursos, para reducir la posibilidad de que se presenten riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.
El Ministerio Público señaló que ejercerá sus funciones con respeto por el régimen jurídico aplicable y por la autonomía de la empresa.
En conclusión, la Procuraduría mantiene bajo seguimiento preventivo dos frentes: por un lado, la inversión de cerca de 4,2 billones de pesos del programa Colombia Solar, que busca beneficiar a más de 563.000 usuarios de estratos uno, dos y tres en trece departamentos; y por otro, los contratos suscritos por GECELCA durante 2026.
La prioridad es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y proteger los recursos públicos destinados a la transición energética. El resultado de este seguimiento permitirá establecer si se requieren acciones preventivas adicionales para contribuir al cumplimiento de las metas y a la adecuada ejecución de las inversiones.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la Procuraduría puso bajo vigilancia a GECELCA?
Para prevenir riesgos en la administración de recursos públicos y revisar la contratación de la empresa durante 2026.
¿Cuánto dinero está bajo seguimiento en el programa Colombia Solar?
Cerca de 4,2 billones de pesos.
¿A quiénes busca beneficiar Colombia Solar?
A 563.057 usuarios de estratos uno, dos y tres en trece departamentos, mediante soluciones solares fotovoltaicas.
¿Qué revisará la Procuraduría en los contratos?
La planeación, selección e idoneidad de contratistas, concentración de proveedores, modificaciones contractuales, ejecución, supervisión y trazabilidad de los recursos.
