La FM en Google News
La Procuradora séptima delegada, Idairys Yolima Carillo declaró improcedente la pérdida de investidura del representante a la Cámara, David Racero, quien fue demandado en más de dos ocasiones por presunto tráfico de influencias al interior del SENA al haber intervenido en presuntos nombramientos dentro de la entidad educativa.
En la audiencia de pérdida de investidura, que se dio inicio este miércoles ante el Consejo de Estado, el abogado demandante, Samuel Ortiz, expuso algunas razones por las que el representante habría incurrido, presuntamente en el delito tráfico de influencias. En este sentido, según la narración del accionante, el aforado representante por Bogotá, buscaba, aparentemente, recibir dádivas o contratos con su influencia al interior del SENA.
Dada la participación de la Procuraduría argumentó que no se permitiría deducir que hubo tráfico de influencias sobre el director de esa entidad, José Eduardo Londoño, por falta de pruebas y, a quien, supuestamente, Racero le habría pedido algunos cargos en la seccional del Cesar y habría recomendado a su tío, José Luis Mayorca, médico y empresario en ese departamento.
"Por cuanto no se logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que derivada la actuación de un servidor o a un tercero. (...) Razón por la cual no se configura la causal invocada y en consecuencia no procede decretar la pérdida de investidura solicitada contra el representante a la Cámara, David Racero", señaló la Procuraduría.
A su turno el Representante por el Pacto Histórico afirmó que el proceso en su contra de pérdida de investidura está politizado y añadió que mantiene su confianza en la justicia.
"Creo que politizar el sistema de justicia como algunos han pretendido no le va bien ni a aquellos que están detrás de estos escenario y por supuesto, ningún mecanismo de presión que pueda generarse sobre los honorables magistrados, confío plenamente en el procedimiento" ratificó Racero.
Cabe recordar dichas demandas tuvieron mayor fuerza cuando se conoció que el congresista había estado inmersos en esta polémica luego de revelarse unos audios en donde supuestamente, hablaba de cargos al interior del SENA.
Por otro lado, contra el Representante también ha sido señalado de la contratación para un puesto de trabajo de su Fruver, cargo que habría sido atribuido a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo, (UTL), sin prestaciones ni condiciones legales; en las que él mismo salió a desmentir y calificó como una persecución política y más aún, violación a sus comunicaciones privadas.
