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El concejal de Medellín Alejandro De Bedout celebró la más reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, luego de que el ente de control abriera investigación contra una exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero Calle.
Según De Bedout, se trata de María Antonia Sánchez Rave, quien se desempeñó como gerente de la EDU, y estaría vinculada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), durante la dirección de Olmedo López.
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"El nombre de María Antonia Sánchez Rave también aparece ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues como representante legal de Kaliza Arquitectos S.A.S. fue vinculada en denuncias sobre millonarios contratos adjudicados durante la administración de Olmedo López y direccionados por Alethia Arango Gil", señaló el concejal de Medellín.
Y es que precisamente, la empresa Kaliza Arquitectos S.A.S. hizo parte de consorcios que recibieron contratos por más de $100.000 millones de municipios como Jericó, Valdivia y Angelópolis, lo que encendió las alarmas por presuntodireccionamiento y favorecimiento en la UNGRD.
La investigación tiene que ver con posibles irregularidades relacionadas con los procesos de contratación para el mejoramiento de instituciones educativas, ubicados en las comunas 6 (Doce de octubre), 7 (Robledo) y 60 (San Cristóbal) en Medellín.
Quintero será acusado el 21 de noviembre
Otro de los que también se pronunció, en su momento, frente a la investigación de la Procuraduría, fue el actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien, en este caso, trató al exalcalde de Medellín Daniel Quintero como cobarde ante los mencionados hechos de corrupción durante su alcaldía.
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Para el próximo viernes 21 de noviembre, a las 3 de la tarde, fue fijada la audiencia en la que la Fiscalía acusará formalmente a Quintero y a otros exfuncionarios de su alcaldía, por hechos de corrupción relacionados con la presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para restituir ilegalmente un lote.
En atención a la pruebas recolectadas, una fiscalía delegada acusará al exmandatario por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
