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La Procuraduría profirió pliego de cargos contra Sergio Fajardo, como exgobernador del departamento de Antioquia (2012 - 2015), por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del Túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín.
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Al parecer, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y el municipio de Medellín.
Según el organismo, la suma de este contrato ascendían a más de 1,3 billones de pesos, además el proceso debía realizarse mediante la convocatoria de una licitación pública.
Para la Procuraduría, Fajardo no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto.
Además señalaron que no era viable jurídicamente que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado, “habilitando, contra la ley, la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, es decir omitiendo la selección objetiva”.
“Al parecer fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó, dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no sólo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino que también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea”, dice el documento.
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En el mismo auto se archivó la investigación para Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos; la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda Jiménez; el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón, y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa.
