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La Procuraduría General tendrá que definir las peticiones que hicieron un grupo de ciudadanos frente al cumplimiento del fallo que fijaba los lineamientos para el pago de las infracciones por las fotomultas.
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Los ciudadanos indican que no existe claridad sobre la forma en cómo debe aplicarse la ley y, si en efecto, existe o no una "responsabilidad solidaria" en la imposición de las multas.
La Corte ya había determinado que los dueños de los vehículos no tenían que responder por las multas si se llegaba a comprobar que no eran ellos los que estaban manejando cuando se presentó la infracción.
En este sentido señalaban que pese a la decisión judicial las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali no habían tomado cartas en el asunto para definir el pago de las infracciones de las fotomultas.
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Igualmente -reclamaban- no se tomaron medidas de fondo para mejorar la tecnología y evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes, punto clave en el que había hecho enfasis la Corte.
Por estas fallas y omisiones a la hora de aplicar el fallo pedían que se abriera un incidente de desacato contra las alcaldías y las respectivas autoridades locales.
El alto tribunal determinó que no era competente para abrir incidentes de desacato or el incumplimiento de lo ordenado en el fallo emitido en febrero de 2020 por lo que le pasó la bola a la Procuraduría para que tome decisiones de fondo.
Con esta decisión, será la procuradora General, Margarita Cabello Blanco la que entre a estudiar cada uno de los casos señalados por los ciudadanso y definir si existieron o no omisiones.
