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Para el próximo 21 de enero quedó programada la audiencia de imputación de cargos contra el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y otros dos militares por su presunta participación en los hechos que rodearon el crimen del desmovilizado de las Farc, Dimar Torres el pasado 22 de abril en zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander).
La diligencia judicial que se tenia programada para este jueves tuvo que ser reprogramada puesto que uno de los abogados de la defensa enfrenta una suspensión para ejercer la abogacía por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Este nuevo aplazamiento no fue bien tomado por los abogados de la familia de Dimar Torres que consideran que se suma a la constante dilación que se ha presentado en este proceso penal.
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"Lo que ha venido sucediendo es una dilación a cargo de la Rama Judicial en un delito grave como es una ejecución extrajudicial de un excombatiente de las Farc y una desaparición forzada", precisó el abogado Diego Martínez, quien representa los familiares de Torres.
El jurista señaló que es necesario que las autoridades judiciales esclarezcan este caso, anunciando que existen pruebas suficientes en contra de los militares por los hechos que rodearon el secuestro, tortura, homicidio e intento de desaparición del excombatiente.
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El pasado 28 de noviembre, el cabo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez fue sentenciado a 20 años de prisión después de reconocer su responsabilidad en el crimen del desmovilizado de la guerrilla de las Farc.
El juez especializado de Cúcuta le negó el beneficio de casa por cárcel o libertad condicional al uniformado, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar por motivos de seguridad.
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En el preacuerdo, el cabo Gómez reconoció su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida. En la negociación se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales dentro de la investigación por el crimen del excombatiente.
onsideró que en la investigación adelantada permitió inferir que el excomabatiente fue interceptado por los militares cuando se desplazaba por el corregimiento de Miraflores, zona rural de Convención.
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Fue el mismo cabo Gómez quien lo bajó de la motocicleta y le recriminó por estar en la zona. Acto seguido le disparó con su fusil 5.56 en cuatro oportunidades causándole la muerte inmediata.
El dictamen de Medicina Legal, el cual fue clave en la investigación, señaló que Torres presentaba heridas mortales en el malar y nasal de la cara, lateral escapular del brazo izquierdo, glúteo y muslo izquierdo.
El suboficial intentó, con ayuda de sus compañeros, intentar ocultar el cuerpo en una fosca común. Igualmente, intentó trasladar la motocicleta en un matorral.
Sin embargo, debido al llamado de alerta de los vecinos del sector no pudo lograr su cometido. Los militares intentaron amedrentar a los testigos.
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