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El Consejo de Estado recibió una demanda de perdida de investidura, que pide la ‘muerte política’ del senador perteneciente a la lista de los decentes, Gustavo Bolívar, por la supuesta financiación a la 'Primera Línea' del paro nacional.
Según la demanda, de 53 páginas, la 'Primera Línea' se podría considerar como un movimiento político y, en ese sentido, Bolívar, siendo congresista de otro movimiento, no podría siquiera anunciar financiaciones, ya que así lo prohíbe el artículo 110 de la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.
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“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan”, se indica en dicho artículo citado por la demanda.
Una de las razones de la demanda para considerar a la 'Primera Línea' como un movimiento político, es que es un grupo de jóvenes que se reúne “como movimiento de clara naturaleza política y social que desea mediante la gestión colectiva de demandas en la calle, hacer valer su posición desde lo social y en Democracia”.
También señala que algunos “delegados de la 'Primera Línea' han participado activamente en mesas de concertación nacionales, distritales y municipales, dejando entre ver, que es un movimiento organizado, cohesionado, con lineamientos sociales y políticos claros” y no un grupo de vándalos.
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Más adelante, añade que “la 'Primera Línea' es un movimiento social horizontal, compuesto por una base social que tiene la capacidad de formar voluntad política mediante la movilización social, la gestión de intereses electorales a futuro de sectores de oposición y el llamado de la juventud en asuntos públicos”.
La demanda fue presentada por Joan Sebastián Moreno Hernández, quien cuestiona los anuncios públicos del senador para apoyar la recolecta que inició la Fundación Manos Limpias Indignados Colombia, de la cual fue presidente hasta el 2018, para dotar a la 'Primera Línea' de cascos, viseras, escudos y múltiples emolumentos al movimiento de la 'Primera Línea' en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín”.
Ese recurso, que ya fue aceptado para estudio de fondo por el Consejo de Estado, se encuentra en el despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno, quien pidió al senador pronunciarse y entregar las pruebas que tendría a su favor.
