Fiscalía contrató a empresa de reconocido estratega político de campañas

La Silla Vacía dio a conocer que la Fiscalía General de Francisco Barbosa suscribió un contrato por 128 millones de pesos con un reconocido estratega político, Camilo Rojas, a través de su empresa E-Estratégica, para asesorar a la entidad en su manejo con los medios de comunicación. Para el "desarrollo del plan estratégico y estrategias de comunicación de la dirección de comunicaciones de la Fiscalía".

Se señala que es la primera vez en la historia de la institución que se contrata a un estratega político y que la firma de ese contrato haya coincidido con el escándalo del viaje familiar del fiscal a San Andrés, en plena cuarentena; también que se destinara ese monto para labores que bien podía hacer la oficina de comunicaciones.

Rojas ha sido asesor político del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, cuando fue precandidato para las presidenciales de 2010 y asesoró, entre otros, a Francisco Santos para la Alcaldía de Bogotá en 2015.

Desde la Fiscalía han rechazado que se sugiera que se contrató a un estratega de imagen para el fiscal. "No es un contrato de imagen. Es para una labor de apoyo a la estrategia de comunicaciones y direccionamiento estratégico de la Fiscalía", explicaron.

En La FM revisamos el contrato cuestionado, firmado en julio de 2020 por seis meses, y advertimos que cuenta con algunos componentes de lineamientos de imagen institucional. Entre algunas de las funciones se le encargaba apoyar a la entidad en la producción de material periodístico audiovisual "que permita lograr un impacto favorable en la imagen de la Fiscalía"; crear mensajes para diferentes audiencias, "apoyo en coordinación de ruedas de prensas, entrevistas y demás intervenciones del Fiscal General o quien sea designado para el efecto".

También contemplaba asesorar al fiscal general en asuntos de comunicación interna y externa. Asesorar al fiscal y a las demás dependencias en la "promoción y posicionamiento de la imagen corporativa y el fortalecimiento de la identidad institucional". Dirigir, bajo los criterios del fiscal, las relaciones con los medios de comunicación.

El contratista también podía definir el protocolo para la logística de eventos. Realizar monitoreo de medios. Autorizar contenidos para publicar en los medios del ente acusador e impartir "lineamientos para el uso de la imagen institucional", entre otras funciones.

El contrato terminó, el pasado 31 de diciembre, y no será renovado.