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La vicefiscal general de la Nación, Maria Paulina Riveros, reveló que este organismo iniciará las respectivas investigaciones en por los menos 40 municipios del país con el fin de avanzar en castigar a los responsables de los hechos de corrupción que jugaron con los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De igual forma, sostuvo que en estos casos es claro que los funcionarios o particulares que incumplen con el derecho a la alimentación de los menores de edad en el país, constituye un delito.
"Los entes territoriales, los contratistas y los supervisores tienen que entender que cuando fallan en el suministro de información adecuada en las diferentes modalidades, están incurriendo en un delito", dijo la vicefiscal.
Asimismo, sostuvo que de manera inmediata los fiscales especializados trabajan en las respectivas órdenes judiciales para avanzar en las diferentes investigaciones.
Los fiscales detectaron que en muchos de los casos descubiertos, los contratos se han firmado y operado irregularmente, y en otros ni siquiera se han ejecutado los recursos dispuestos para atender las necesidades de los niños más necesitados.
"Tenemos investigaciones penales a lo largo y ancho del país y por supuesto continuaremos con esas investigaciones. Abriremos aquellas a que haya lugar a raíz de nuevas denuncias", agregó.
