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Tras la denuncia que en marzo de 2015 hiciera LA F.m. de posibles casos de tortura por parte de oficiales al interior de la Armada Nacional, la Procuraduría General de la Nación, un año despuès y a través de su delegada para las Fuerzas Militares, decidiò abrir pliego de cargos al capitán de Infantería de Marina Salvador Francisco Orjuela Echandía, al subteniente Richard Antonio Torres Ariza, al sargento viceprimero Elkin Fidel Oñate Candama y al cabo segundo Obert Arley Zurita Soto. Estos oficiales, segùn el órgano de control, tendrìan responsabilidad en un caso de severos maltratos y torturas a infantes de marina que recien ingresaban a la instituciòn y quienes en medio de sus entrenamientos militares, fueron sometidos a indignantes vejamenes.
La denuncia en detalle la puede consultar haciendo clic aquí.
Los hechos dan cuenta de presuntos maltratos consistentes en conductas crueles, agresiones, insultos y amenazas de muerte a uniformados que adelantaban el curso avanzado de combate REES (Resistencia, evasión, escape y supervivencia) en una base de entrenamiento ubicada en el departamento de Sucre.
En el caso del capitán Orjuela Echandía, oficial táctico del Curso de Combate 068 de 2014 realizado en el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio de la Armada Nacional con sede en Coveñas (Sucre), la Procuraduría reprocha que presuntamente permitió el maltrato a los estudiantes por parte de los instructores, cuando era su función realizar control a las pruebas físicas, con lo que habría incurrido en falta disciplinaria calificada provisionalmente como grave, a título de culpa.
Al subteniente Torres Ariza, al sargento viceprimero Oñate Candama y al cabo segundo Zurita Soto, director e instructores de la Fase REES del curso, se les investiga por presuntamente agredir física y verbalmente a los uniformados en instrucción, posible falta gravísima a título de dolo, según la calificación provisional.
La decisión de la Procuraduría ordenó el archivo de diligencias en favor de dos cabos segundos y un infante de marina profesional.
La Procuradurìa dispuso un plazo de diez días hábiles para que los investigados y sus defensores presenten descargos y aporten pruebas si lo estiman conveniente.
