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Más de 400 personas, entre egresados, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional, realizaron un pronunciamiento conjunto, en el que rechazan la redacción del documento de principio de oportunidad, que realizó la Fiscalía General, en el caso de Natalia Trujillo, quien está siendo procesada por el atentado al Centro Comercial Andino.
En el documento, firmado por 469 personas, califican como desafortunado el texto presentado por la Fiscalía General de la Nación a jueces de la República, en donde se afirma que Trujillo por ser egresada de la Universidad Nacional de Colombia, "conoce desde su interior la estructura y el funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional".
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"El desafortunado documento, en donde se afirma que ser parte de nuestra comunidad implica tener conocimientos sobre la operación de un grupo armado ilegal, no constituye un hecho aislado. Todo lo contrario, ha sido el patrón que ha regido el discurso de la Fiscalía, organismos de inteligencia y medios de comunicación desde que se anunció la captura de los presuntos implicados", señalan.
Y advierten que, "ningún proceso judicial puede fundamentarse en la estigmatización de una institución esencial para el Estado social de Derecho. Tanto el ente acusador como la Universidad son entes públicos que deben respetarse mutuamente".
Los firmantes de la misiva aseguran que, "la Fiscalía esta llamada a construir procesos judiciales desde los estándares más altos de investigación y con el mayor respeto al derecho colombiano. Tiene la obligación de argumentar con fundamentos jurídicos y aportar todo el acervo probatorio posible. Asimismo, su discurso ante los medios debe garantizar información transparente y clara que permita generar confianza sobre el Estado y todas las instituciones que lo integran".
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Finalmente invitan al ente acusador a que, "en un acto de reconciliación institucional, reparación y democracia", reconozca la responsabilidad sobre este error. "Reconocer la responsabilidad es un acto necesario en nuestro contexto y debe ser un ejemplo para la nación. Nuestra sociedad lo exige y las víctimas lo merecen".
Este pronunciamiento se suma a la decisión de Jorge Galeano, abogado y docente en Derecho Penal de la Universidad Nacional, quien interpuso una tutela con la que busca que la Fiscalía se retracte de dichos los señalamientos.
