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La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al senador de Opción Ciudadana Alfonso José Correa, por las irregularidades que se presentaron en la celebración de millonarios contratos en Coldeportes.
El ente investigador determinó la existencia de un caso de corrupción en el manejo de los llamados cupos indicativos. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez indicó que en la primera fase de estas investigaciones se detectaron graves hechos en un convenio por más de 3.491 millones de pesos con Coldeportes.
El contrato tenía como objetivo la construcción de una cancha sintética de fútbol 11 en el barrio La Concepción de El Peñón, el cual es catalogado Categoría 6, "al que sólo es posible llegar en ferry por el río Magdalena".
Las pruebas recolectadas pudieron establecer que dicho proyecto deportivo fue priorizado por Coldeportes puesto que se trataba "de un cupo de un senador". Este tipo de presiones supuestamente permitieron la adjudicación de los recursos de manera inmediata.
El organismo determinó que el alcalde del municipio, Arling Arias, "sería un servidor público cercano al senador Correa". Uno de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista habría contactado al mandatario para lograr la firma del convenio por más de 3.491 millones de pesos.
En el marco de la investigación denominada "mermelada tóxica" se pudo establecer que para la adjudicación de este tipo de proyectos se hace una división en la entrega de las comisiones. "Hay que pagarle un 12% al congresista y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región", precisó uno de los testigos.
El modus operandi de la 'mermelada tóxica'
“La denominada mermelada se vuelve tóxica cuando el miembro de una corporación pública beneficiario del cupo, logra su direccionamiento a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato”, dijo el fiscal Martínez Neira.
El fiscal a cargo del caso estableció que en mayo pasado se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, pese a que los contratistas conocían que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos.
“Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la “coima” al inicio de la gestión y el 40% restante al momento de la firma del convenio”, explicó el fiscal Martínez.
También se determinó que el alcalde de El Peñón habría recibido al menos 50 millones de pesos por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido 10 millones de pesos por realizar los diseños del proyecto y 4 millones de pesos por ajustarlos y viabilizarlo.
Por estos hechos, fueron capturados:
Arling Arias García, alcalde de El Peñón Bolívar; Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Antonio José Correa; Gustavo Álvaro Velandia Segura, funcionario de Coldeportes; Jairo Fidel Ortega Chaparro, funcionario de Coldeportes; Edwin Fabián Moreno Ruiz, funcionario de Coldeportes.
Igualmente, fueron detenidos Carlos Celestino Martelo Sarabia, contratista; Vanessa Margarita Deyongh Yepes, intermediaria posterior del contratista y Carlos Hernán Rivera Lozano, exfuncionario de Coldeportes, quien a su vez tenía una empresa para ofrecer a los alcaldes los diseños de los proyectos y su consecuente viabilización.
La Investigación se fundamenta en casi 50.000 registros telefónicos, seguimientos judiciales y cientos de documentos que fueron analizados por los agentes de policía judicial.
