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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) hicieron un llamado para promover una reforma profunda a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, para evitar violaciones a los derechos humanos como las denunciadas en las protestas adelantadas en el país.
“La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por pretender la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, la JEP hace un llamado para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano”, dijo la JEP.
Este tribunal especial expresó su preocupación por la situación de violencia y de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en los últimos días en varias ciudades del país, en particular en Bogotá, Cali, Medellín y Pasto.
“La protesta debe ser pacífica y la respuesta institucional a los esporádicos actos de violencia de parte de algunos manifestantes debe darse en el marco de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, plenamente aplicable en Colombia”, indicó la JEP.
De acuerdo con los magistrados, son intolerables las casos que comportan una violación a los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones llevadas a cabo en el territorio nacional.
“Las denuncias de diferentes entidades y organizaciones respecto al homicidio de decenas de ciudadanos, entre los que se cuentan quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta; las informaciones sobre personas desaparecidas que la Defensoría del Pueblo reporta en un número de 88, en tanto otras organizaciones hablan de más de 170; los actos de violencia sexual también denunciados, muestran un cuadro intolerable de violaciones a los Derechos Humanos”, señaló la JEP.
Así mismo, señalaron que es imperiosa la realización inmediata de las investigaciones necesarias para que los responsables de estos hechos contrarios a la ley sean debidamente juzgados.
“El Estado colombiano y la fuerza pública tienen el deber de garantizar un contexto en el cual todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos, incluido el derecho a protestar en contra de ese mismo Estado del cual hacen parte. Los ciudadanos, en cambio, deben poder movilizarse y formular reclamos, de manera pacífica y respetuosa del otro”, manifestó la JEP.
Igualmente, le hizo a la sociedad un llamado a tomarse en serio el proceso transicional que inició con la firma del Acuerdo Final para la Paz, el cual señaló debe llevar a sustituir la violencia por otras formas de resolución de los conflictos.
“Para la JEP, los hechos de violencia y las violaciones a los Derechos Humanos son incompatibles con el Estado Social de Derecho y con el marco de obligaciones internacionales del Estado colombiano”, agregaron los magistrados.
