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La Fiscalía General de la Nación confirmó que comenzará a adelantar acciones de extinción de dominio para aquellos vehículos que sean utilizados para bloquear las vías del país, afectando los derechos de los demás ciudadanos.
Los investigadores de este organismo se encuentran adelantando un rastreo en las diferentes zonas del país para realizar un proceso de verificación y plena identificación de los vehículos y sus propietarios.
De acuerdo con los fiscales delegados, en desarrollo de estas acciones judiciales, podrían llegar a ser sometidos a extinción los camiones que obstaculizaron el paso a otros conductores, en el marco de las protestas realizadas a nivel nacional.
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La Fiscalía General ha insistido en que no se puede confundir el derecho que le asiste a los ciudadanos a la protestas pacificas, con actos de terrorismo urbano y la comisión de otros delitos en el marco de las manifestaciones.
De manera simultánea avanzan las labores por parte de la Mesa Interinstitucional de Información en el marco de la protesta social, con el objetivo de reportar de manera oportuna sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones en el país.
En desarrollo de esta labores, la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios, ejecutados durante las jornadas de protestas, de los cuales la Fiscalía estableció, en el marco de sus competencias, que 11 muertes violentas se dieron dentro de las manifestaciones, 7 están en proceso de verificación y 6 más no tienen relación con las jornadas de movilización.
Así mismo, el Fiscal General indicó que de los 11 casos de homicidio, tres les serán imputados a miembros de la Policía Nacional.
"Seguimos trabajando como una sola institucionalidad, avanzando por preservar el Estado de Derecho en Colombia y por supuesto en defensa de los derechos humanos y de los derechos de toda la ciudadanía", concluyó el fiscal Francisco Barbosa.
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Un equipo de fiscales y policía judicial del CTI, la Dijín y la Sijín de la Policía Nacional, fueron destacados bajo la coordinación de un fiscal adscrito a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, tendiente a recaudar material probatorio que permita esclarecer los hechos reportados.
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