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Una nueva polémica sobre la justicia transicional se desató tras la propuesta de la JEP de conceder amnistía a exjefes del secretariado de las Farc por el secuestro de 60 militares en la toma de Las Delicias en 1996, así como por otros secuestros de miembros de la fuerza pública.
Esta solicitud ha generado rechazo en el Congreso de la República advirtiendo de que estos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
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Los representantes Marelen Castillo y José Jaime Uscátegui fueron algunos de los congresistas que han calificado la medida como un acto de impunidad.
“La JEP pretende hacer pasar el secuestro de militares y policías como una simple consecuencia del conflicto armado, cuando en realidad fue un crimen atroz que destrozó vidas y familias enteras. Llamar ‘aprehensiones en combate’ a los secuestros es un insulto a quienes fueron encadenados, torturados y humillados durante años”, manifestó la representante de oposición Marelen Castillo.
Por su parte, el representante Uscátegui, de Centro Democrático, recordó que los lugares donde las Farc mantuvieron a los secuestrados fueron auténticos “campos de concentración”.
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“Los campos de concentración en los que las Farc secuestró a miles de militares y policías durante años e incluso décadas son un delito de lesa humanidad, no pueden ser objeto de amnistía e indulto, así que le hacemos un llamado respetuoso a la JEP para que reconsidere esa decisión, sobre todo cuando se trata de los máximos responsables que tienen que ponerle la cara a las víctimas y al país”, aseguró Uscátegui.
Los congresistas puntualizaron que “no se puede disfrazar la barbarie con tecnicismos jurídicos”.
