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El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo, decretó de oficio una serie de medidas cautelares dirigidas a atender la situación de orden público y desplazamiento forzado que atraviesa el municipio de Briceño, en el norte del departamento. La decisión judicial vincula directamente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, a quienes ordena adoptar acciones concretas dentro de plazos perentorios.
El fallo se produce como respuesta a una Acción Popular interpuesta por la Gobernación de Antioquia contra los Ministerios de Defensa y del Interior, según lo informó el Gobernador de Antioquia a través de la red social X. En su mensaje, el mandatario señaló que la acción judicial buscaba que el Gobierno Nacional tomara medidas frente a la crisis de orden público en Briceño, marcada por desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades enteras, el estallido de artefactos explosivos y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
Contexto: la crisis de seguridad en la región
Como contexto de la situación, cabe recordar que la Defensoría del Pueblo emitió en 2025 una alerta temprana, con sus respectivos seguimientos, en la que advertía sobre el riesgo para la población civil ante la disputa territorial que libran distintos grupos armados ilegales en la región.
En Briceño delinquen estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las antiguas FARC, estas últimas al mando de alias Calarcá. La confrontación entre ambas organizaciones por el control del territorio ha derivado en un incremento de la violencia, en desplazamientos y confinamientos de comunidades, así como en el uso de artefactos explosivos en la zona rural del municipio.
A este panorama se suma la captura, en los últimos días, de alias Víctor Chalá, señalado como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, crimen que aumentó la percepción de riesgo para la población civil y para quienes ejercen labores de comunicación y liderazgo social en el territorio.
Las órdenes del Tribunal
Frente a este contexto, la primera medida ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (CIPRAT), diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en Briceño, en un plazo de 30 días.
En segundo lugar, el fallo ordena a la Presidencia, como máxima autoridad de la Policía Nacional, y al Ministerio de Defensa, del cual depende el Ejército Nacional, remitir en un término de 10 días hábiles el número de activos necesarios para contener la peligrosidad de la región, teniendo en cuenta los índices de desplazamiento documentados por distintas entidades.
Como tercera medida, el Tribunal dispuso la conformación temporal de un Consejo de Seguridad extraordinario, encargado de diseñar y coordinar una política pública y adelantar los estudios para un plan de protección para la comunidad de Briceño, en un plazo de 10 días hábiles, cuya convocatoria quedó en cabeza de la Presidencia.
Alcance de las medidas cautelares
Las medidas fueron decretadas de oficio por el Tribunal dentro del proceso originado por la Acción Popular de la Gobernación de Antioquia, lo que evidencia la gravedad de la situación advertida por la autoridad judicial ante la presencia activa del Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en el municipio.
Estas órdenes buscan una respuesta institucional articulada e inmediata ante la crisis que enfrenta Briceño, involucrando tanto a la fuerza pública como a las entidades responsables del diseño de política pública en materia de seguridad y protección a la población civil.
Se espera que, en los próximos días, las entidades ordenadas por el Tribunal den a conocer los primeros pasos para el cumplimiento del fallo, en un municipio que este año ya registra desplazamientos, confinamientos, ataques con explosivos y hechos de violencia que han encendido las alarmas de organismos de control y derechos humanos.
Las tres preguntas claves de la noticia
¿Cuál fue el origen del fallo del Tribunal de Antioquia?
Una Acción Popular interpuesta por la Gobernación de Antioquia contra los Ministerios de Defensa y del Interior, informada por el Gobernador a través de X, para que el Gobierno Nacional actuara frente a la crisis de orden público en Briceño.
¿Qué elementos de contexto agravan la crisis en Briceño?
La disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, al mando de alias Calarcá, la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2025, y la reciente captura de alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
¿Qué medidas concretas ordenó el Tribunal?
Diseñar un plan transitorio de intervención urgente en 30 días, remitir activos de la Fuerza Pública en 10 días hábiles y conformar un Consejo de Seguridad extraordinario en el mismo plazo, a cargo de la Presidencia de la República.
