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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal general, Maria Paulina Riveros, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que disponga que las actuaciones que ocasionalmente lleguen al despacho del Fiscal General en todas las líneas de investigación del caso Odebrecht, se remitan directamente al conocimiento del Fiscal Ad hoc designado para ese caso.
La solicitud que fue elevada a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente José Luis Barceló Camacho, se trata de razones de “economía procesal’.
De acuerdo con la petición, el objetivo es evitar que se suscite en el futuro una tramitología ineficiente de impedimentos y nombramientos para cada caso.
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Esta solicitud se produjo luego de que el Fiscal y la Vicefiscal general se declararan impedidos por cuarta vez para conocer asuntos específicos de su competencia en una de las líneas de investigación del caso Odebrecht, tras la petición que realizó el pasado 14 de enero Juan Sebastián Correa con el fin de que se le aplicara un principio de oportunidad.
¿Por qué impedido?
Las razones del impedimento del Fiscal y la Vicefiscal general para conocer este caso se sustentaron en dos causales:
Primero, porque el hoy fiscal Martínez, en condición de abogado, conceptuó que la construcción de la vía Ocaña- Gamarra debía ser objeto de licitación.
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En segundo lugar, teniendo en cuenta que Juan Sebastián Correa era exsecretario privado y hombre de confianza del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade y será testigo en el juicio que se sigue en su contra del exfuncionario por el caso Odebrecht.
“Se configura un impedimento ante la pública, mutua y sobreviniente animadversión entre el Fiscal General y el señor Andrade, al punto que este último se ha referido al jefe del ente investigador como su enemigo", señala la petición de la Fiscalía.
