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La Procuraduría abrió investigación contra el exalto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda (Cauca), financiado con recursos de Regalías, por más de $7.000 millones.
El organismo señala que, al parecer, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que tuviera capacidades para realizar el proyecto.
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La delegada afirma que al parecer el contratista no contaba con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyecto de regalías.
La Procuraduría además resalta que el fondo elegido como ejecutor tenía un bajo índice de gestión de los proyectos financiados con los recursos de la regalía que estaban asignados en su cargo, pues con un 18% de gestión, la designación del contratista “era inviable”.
Entre otros funcionarios que serán investigados en este caso, están el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Guillermo Zuleta Mieles y todos miembros del Órgano Colegiado de Decisión, OCAD Paz.
La delegada solicitó que la Alcaldía Municipal de Miranda (Cauca) entregue un informe con el estudio previo realizado al Fondo Mixto, que sirvió como insumo para proponerlo como ejecutor del proyecto vial, además pidieron que se entreguen los certificados sobre las razones técnicas y de experiencia con las que fue presentado el fondo elegido ante el OCAD Paz.
La Procuraduría también pidió que el Fondo Mixto certifique las calidades técnicas con las que contaba al momento de ser presentado como candidato a ejecutar el millonario contrato y entregue las hojas de vida del personal, ingenieros, arquitectos, entre otros, que serían los encargados de dar cumplimiento a los compromisos del contrato.
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El organismo afirmó que esta investigación busca establecer si se registraron presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato, para determinar si hay responsabilidades disciplinarias de funcionarios públicos.
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